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POR TEMÍSTOCLES MONTÁS
Durante los 90 el crecimiento económico en nuestro país, medido en términos cuantitativos, fue notable y muy superior al promedio del resto de América Latina. Durante el primer quinquenio de la década, el PIB anual tuvo un crecimiento medio del 4,2%, y durante el segundo, uno de 7,7%. Esta evolución estuvo acompañada de un período de inflación anual de un dígito (de 7,9% y 6,9% en términos medios en cada período señalado).
La década fue de equilibrada gestión macroeconómica y de mayor apertura de la economía, apoyada por una gestión fiscal prudente, que se reflejó en un déficit anual del sector público consolidado del 1,2% y del 2,2% en términos medios durante la primera y la segunda mitad de los 90s.
Sin embargo, ese crecimiento no se tradujo en suficiente desarrollo, medido por la generación de nuevas ocupaciones e ingresos para amplios sectores de población. Nueve años de crecimiento sostenido sólo lograron restaurar los índices de distribución de ingresos que ya existían a principios de los años ochenta y que se habían deteriorado durante la crisis de esa década.
Esa situación comenzó a cambiar a partir del 2001 motivado por la desaceleración de la economía mundial y los acontecimientos producidos en Estados Unidos el 11 de septiembre, a lo que se le sumó una serie de deficiencias en la política económica interna lo que contribuyó a reducir el ritmo de crecimiento.
Para hacer frente a esa situación, las autoridades gubernamentales reaccionaron incrementando el gasto público, generándose un déficit cada vez más inquietante que se financió por la vía del endeudamiento externo. Entre el 2001 y el 2002 el gobierno dominicano emitió US$1,100 millones de bonos soberanos y asumió crecientes compromisos financieros con la banca privada internacional.
Las incoherencias y la falta de coordinación de la política fiscal y la política monetaria comenzaron a socavar la confianza en la idoneidad del manejo económico por parte de las autoridades, lo que condujo al deterioro de la estabilidad macroeconómica y a una caída del crecimiento económico.
Una de las consecuencias inmediatas del deterioro de la estabilidad macroeconómica y de la caída del crecimiento económico fue que salieron a flote una serie de prácticas bancarias fraudulentas, se puso en evidencia la deficiente gestión de los bancos que colapsaron y se develaron serias deficiencias en el marco de la supervisión bancaria.
La estabilidad macroeconómica y el período de crecimiento que vivió la República Dominicana durante la década de los noventa permitieron ocultar las actividades fraudulentas que estos bancos desarrollaban con antelación a la explosión de la crisis. También impidieron que salieran a flote las graves fallas en la supervisión y regulación del sistema financiero dominicano. Tan pronto se comenzó a perder esa estabilidad y se reduce el nivel de crecimiento, los bancos mal gestionados y fraudulentos no pudieron ocultar más esas situaciones y quebraron, exacerbando las dificultades económicas del país y produciéndose entonces una crisis de magnitud increíble.
Estos sucesos afectaron profundamente a toda la sociedad dominicana, mostrando la fragilidad y la debilidad institucional del Estado. Las medidas que se adoptaron para enfrentar la situación son el mejor ejemplo de lo expresado. Las mismas se dictaron desbordando el marco institucional existente.
Cabe señalar que esta situación tiene raíces profundas.
Con todo y los problemas de la década de los ochenta y de los primeros cuatro años de este siglo, cabe señalar que la República Dominicana ha tenido el mayor crecimiento del ingreso en toda América Latina y el Caribe durante los últimos 50 años, experimentando un aumento anual promedio de 5.4%, según el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Pero al mismo tiempo, la República Dominicana está entre los países que menos avanzaron en términos de desarrollo humano. Como señalan las estadísticas de ese mismo Informe, éste es un país que no ha sabido aprovechar las oportunidades de crecimiento económico para mejorar el bienestar de las personas.
En síntesis, ha habido grandes avances con fuertes desequilibrios.
La pregunta que nos hacemos es ¿por qué nuestro país no ha sabido o no ha podido aprovechar las oportunidades de crecimiento para mejorar el bienestar de las personas? Una de las razones radica en la gran debilidad institucional del Estado Dominicano, que propicia el establecimiento de políticas patrimonialistas y cortoplacista.
De manera que existe una serie de limitaciones estructurales profundas que neutralizaron el crecimiento económico y la efectividad de la política social.
El desafío fundamental de la pobreza como problema no resuelto por el crecimiento se mantiene aún a pesar del énfasis en acrecentar el gasto social; lo que sugiere que las causas de fondo desbordan el ámbito de la política social per sé y apunta a limitaciones estructurales más profundas que han neutralizado en la práctica la efectividad de dicha política. No se niega la necesidad de fortalecerla, pero se hace hincapié en que graves distorsiones y restricciones en el entorno institucional del país socavan transversalmente las políticas sectoriales y limitan la efectividad y sostenibilidad de las acciones en general de desarrollo acometidas por los gobiernos
En resumen, este notable crecimiento no fue acompañado de un ritmo similar en el avance de las reformas institucionales y de políticas necesarias para mejorar su calidad distributiva y apuntalar su sustentabilidad, proteger la estabilidad macroeconómica de las fragilidades que la amenazaban, y completar la consolidación del Estado de derecho.
En las últimas dos décadas la economía dominicana había realizado el tránsito de un modelo agroexportador a un modelo de crecimiento basado en la oferta de servicios: turismo, zonas francas, remesas y telecomunicaciones.
Pero el modelo que proporcionó éxitos en el pasado -con los desequilibrios señalados-, no garantiza nuevos triunfos en el futuro si no nos abocamos a propiciar cambios institucionales que transparenticen la gestión pública y la hagan verdaderamente creíble.
Como consecuencia del surgimiento de la globalización, el mundo ha cambiado de manera abrupta y radical, y ese cambio está teniendo un fuerte impacto en las formas de funcionamiento de las economías y las sociedades.
Las naciones que no se transformen y no se adapten a las nuevas condiciones de la realidad del mundo, cada vez más interdependiente e interconectado, irán perdiendo progresivamente la capacidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos.
¿Cómo adaptarse? ¿Cómo hacer frente a estos desafíos?
Ante la situación encontrada al hacernos cargo del Gobierno, y siguiendo las reflexiones anteriores, hemos redefinido un nuevo modelo de desarrollo, que tienda a fortalecer las instituciones del estado, que nos inserte en una nueva estrategia de competitividad nacional e internacional, en la búsqueda de lograr mayores niveles de equidad y justicia social.
Los tres ejes fundamentales del Programa de Gobierno, que guían nuestras acciones, son:
Progreso económico
Democracia real
Equidad Social
Estos tienen en cuenta que el crecimiento se transforma en desarrollo con real participación ciudadana y una justa distribución de la riqueza generada.
Indudablemente, hemos tenido que hacer frente a la situación heredada, con el objetivo de corto plazo de recuperar la estabilidad macroeconómica, y reiniciar el crecimiento de los distintos sectores de la economía del país.
Al iniciarse el Siglo XXI, el primer gran desafío que la República Dominicana tiene por delante es el de construir un Estado nacional moderno y eficiente
Como ha señalado el Sr. Presidente, este país no puede continuar con la práctica de ni siquiera poder proporcionarle un acta de nacimiento a cada niño o niña nacidos en esta tierra, o un acta de defunción a cada uno de sus muertos.
No podemos continuar con un Estado que no sea capaz de garantizar la recogida de la basura, proveer agua potable, impedir el caos en el tránsito, ponerle fin a los apagones o asegurar un servicio adecuado en los hospitales públicos.
El Estado debe ser eficaz en reducir la pobreza, preservar el medio ambiente y los recursos naturales, así como crear las condiciones necesarias para superar el hambre, el desempleo y la falta de vivienda.
Necesitamos un Estado en quien se pueda confiar para hacer predominar la ley. Un país ordenado, con instituciones eficientes y funcionarios responsables, con una visión moderna de gestión pública, flexible, ágil y transparente.
Precisamos una administración pública dominicana que supere su alto grado de centralización, paternalismo y malas prácticas burocráticas, y que por el contrario, focalice su atención en la prestación de servicios públicos que satisfagan las demandas ciudadanas en cantidad y calidad.
Y al cumplimiento de estos objetivos tiende el Programa Pro-Reforma.
Anotemos que la preocupación gubernamental por superar estas restricciones, avanzar en las reformas institucionales, implementar nuevos sistemas, y tornar sustentables los equilibrios macroeconómicos estaba ya presente en la anterior administración del Presidente Fernández.
Esas inquietudes condujeron a que, entre otras medidas, el Gobierno de la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo suscribieran el Convenio de Préstamo No. 1176/OC-DR, con el propósito de financiar parcialmente el «Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo» (PRO REFORMA).
El Programa se enmarca dentro de los ejes del Programa de Gobierno que señaláramos y coincide con la estrategia del BID en el país, orientada a apoyar los esfuerzos de la República Dominicana en mantener el equilibrio económico, promover la equidad y combatir la pobreza, y mejorar la eficiencia del gasto mediante acciones que busquen, entre otros objetivos, la mejora de la focalización del gasto social, la modernización del Estado y el estímulo de la economía privada.
Con el Programa Pro-Reforma se contribuirá a estos objetivos de país y de Estado.
Pro-Reforma propicia acciones con el objetivo de desarrollar una capacidad institucional permanente y suficiente, en el ámbito de la Administración Pública central, que apoye al Gobierno en el control de las macro-variables para desarrollar una política distributiva equitativa y mejorar la eficiencia en la focalización del gasto social
Este Programa es ejecutado a través del Secretariado Técnico de la Presidencia (STP), trabaja fundamentalmente con las instituciones del STP, pero tiene incidencia en varias otras que no están dentro del Secretariado.
Así, el Programa colabora con las intervenciones profundas de reforma y modernización que propician la ONAPLAN, la ONAP, el INAP, la ONE, así como con la OPTIC y el CONARE, además de haber creado las nuevas instituciones de la Unidad de Análisis Económico y la Unidad de Información Social en el seno del STP, como instrumentos de coordinación, análisis y formulación de políticas públicas en el campo económico y social.
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El autor es ingeniero y secretario Técnico de la Presidencia
