Los dominicanos repatriados después de haber cumplido condenas por crímenes en Estados Unidos encuentran en su tierra un ambiente hostil hasta para aquellos que quisieran reorientar sus vidas y ganar un sustento honradamente. La sociedad y sus medios de producción excluyen a todo aquel que lleve a cuestas el fardo de una condena de carácter criminal. Esa realidad deja a algunos ante la disyuntiva de unirse a la delincuencia o tratar de retornar de manera ilegal a Estados Unidos.
Se trata de un problema social muy grave. El Estado dominicano tiene que asumir su responsabilidad ante esa gente, y el Gobierno de los Estados Unidos debería contribuir para que la readaptación de estos individuos disminuya el riesgo de que reingresen a ese país como delincuentes. De ahí que sea una buena iniciativa del Presidente Danilo Medina haberle solicitado al Presidente Barack Obama su cooperación para un programa de reinserción social de los dominicanos repatriados.
El país también tiene que mejorar sus esfuerzos por la readaptación de los que cometen crímenes aquí. La reincidencia nos dice que la reeducación no está funcionando como debe ser. En cuanto a los repatriados, es un deber del Estado tratar de darles la oportunidad de rectificar conductas. Y Estados Unidos debe valorar la conveniencia de cooperar con el país en esos propósitos.
Un caso que merece atención
Las autoridades están en el deber de ponerle caso a la denuncia de la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos (Asume), en el sentido de que materiales eléctricos falsificados y de mala calidad están siendo vendidos en el mercado local. De principio, el uso e estos materiales aumenta el riesgo de incendios por cortocircuitos por mal funcionamiento de dispositivos de mala calidad. La organización también reitera sus quejas por los constantes robos de alambre.
La organización afirma que quienes se dedican a la venta de esos productos están perjudicando a los suplidores de materiales de reconocida calidad. Asume asocia al uso de estos materiales a algunos incendios que han afectado establecimientos comerciales del país. Las autoridades están en el deber de localizar las fuentes de estos productos riesgosos para la seguridad de las instalaciones eléctricas.