Un país como el nuestro, con predominio de gente pobre y empobrecida, tiene que defender con todos sus bríos el acceso de sus habitantes menos afortunados a las fuentes de salud de bajo costo, a la producción agropecuaria barata y competitiva.

Tan solo la experiencia por las frecuentes crisis de abastecimiento de los hospitales debería servir para enfrentar todo intento por eliminar, reducir o entorpecer el acceso de la población a los medicamentos genéricos.

Para muchas personas de bajos ingresos que padecen enfermedades crónicas que requieren tratamiento especializado, la prolongación de la vida solo está garantizada por el acceso a medicinas de bajo precio, como son los genéricos, pues los patentizados les resultan incosteables. Ese es el caso de gente afectadas por cardiopatías, hipertensión, diabetes, afecciones respiratorias, alergias y otros males que les condenan a permanecer de por vida bajo medicación.

En estos tiempos, la amenaza contra las fórmulas genéricas de medicamentos e insumos agropecuarios es un hecho real que preocupa a mucha gente, sobre todo pacientes, médicos y laboratorios locales que han desarrollado una excelente capacidad para producir formulaciones básicas.

En el caso dominicano, las trasnacionales propietarias de patentizados han estado ejerciendo una presión brutal para tratar de conseguir que el Estado modifique gobiernos la ley 20-00, sobre Propiedad Industrial, de un modo que dejaría muy poco margen para que los pobres puedan utilizar medicinas sin marcas o nombres de firmas distribuidoras en la cura de sus enfermedades. Algo similar pretenden los grandes productores de agroquímicos y productos veterinarios en cuanto al reglamento 322-88 de la ley 311, sobre uso y control de plaguicidas, que de ser modificado en la dirección pretendida, aumentaría en no menos de un 30% los costos en la producción agropecuaria.

-II-

Las restricciones que se trata de imponer a las medicinas genéricas y agroquímicos no sólo amenazan los costos agropecuarios y las posibilidades de vida de miles de personas con padecimientos crónicos, como hipertensos, diabéticos y así por el estilo, sino las fuentes de ingresos de cientos de personas que laboran en firmas especializadas en la producción de formulaciones genéricas.

Lo que se está pretendiendo aquí no es distinto de lo que se ha hecho en países como México, Guatemala y Belice, para citar solo algunos, en los cuales las grandes corporaciones han logrado sus objetivos de sacar de los mercados las medicinas genéricas.

De lo que se está hablando es de que desaparecerían del mercado medicinas que cuestan hasta una décima parte de lo que cuestan sus equivalentes amparadas en marcas patentizadas. Eso significaría multiplicar hasta por diez los gastos médicos de quienes pasen a prescindir exclusivamente de patentizados. Esta amenaza se produce en momentos en que ni siquiera las declinaciones de la tasa de cambio del dólar se están reflejando, como debería ocurrir, en los precios de decenas de medicamentos de marcas patentizadas. En la agropecuaria los perjuicios serían también cuantiosos.

La lucha contra la pobreza tiene múltiples facetas, y una de las principales es la de la salud. Sería un contrasentido que a la vez que se hacen esfuerzos por atenuar las precariedades de las familias, por medio de programas sociales como «Comer es primero», exista la posibilidad, y el temor, de que se acceda a aspiraciones tan inhumanas y descabelladas como la de excluir del acceso de los pobre el derecho a la salud, a la prolongación de la vida.