Por las  garantías jurídicas

Por las  garantías jurídicas

La juramentación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral completa un protocolo importante de la integración de las altas cortes.

De ese modo queda sellada una selección que ha motivado  en sectores de la sociedad valoraciones diversas, algunas críticas y otras aprobatorias, pero que representa sin duda un paso decisivo hacia el afianzamiento de las garantías jurídicas y el Estado de Derecho.

Para integrar las altas cortes se ha hecho una selección de juristas prominentes, con ejercicio de larga data y gran experiencia, y conscientes del compromiso asumido.

Es lamentable que algunos de los seleccionados hayan decidido renunciar y que en la selección se haya excluido a uno que otro jurista de reconocida probidad y largo ejercicio en la judicatura.

Queda pendiente la creación de  facilidades de infraestructura y equipos, así como la designación de personal de apoyo, para que cada una de las altas cortes pueda operar con la sobriedad y seriedad que sus funciones exigen.

El país ha escalado un peldaño importante en la consolidación de las garantías jurídicas y se sitúa ante la expectativa de que la institucionalidad debe salir fortalecida del ejercicio de estas cortes.

El colmo del descontrol

Constituye  un escándalo mayúsculo el hecho de que en un hospital, en el que se supone debe haber controles que permitan identificar a cada médico y enfermera, pueda infiltrarse un intruso que impunemente “consulte” y “trate” a pacientes, a los que además cobra sumas importantes por sus “servicios”.

El ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, ha prometido que investigará hasta las últimas consecuencias las denuncias hechas por varios pacientes que dicen haber sido “atendidos” y estafados por el falso médico. Sería bueno ver si el personaje ha actuado en otros hospitales.

El caso debe servir para revisar las normas de seguridad, no solamente en los hospitales, sino también en otras dependencias oficiales susceptibles de ser infiltradas por intrusos para usurpar funciones y estafar a las personas.

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