La nueva Junta Central Electoral ha reavivado las esperanzas del pueblo dominicano de restablecer procesos electorales libres y limpios, así como instaurar la democracia interna en los partidos políticos en nuestra nación.
La necesidad de reforma de la Ley Electoral había sido ignorada tanto por el PLD como por la anterior JCE, y por las demás instituciones y medios de comunicación a su servicio, no obstante obedecer a un mandato constitucional ineludible su aprobación por las dos terceras partes de cada Cámara legislativa (Art. 112).
La nueva Ley Orgánica Electoral debe establecer reglas de juego democráticas y transparentes para poder elegir a los dirigentes del Estado a todos los niveles, lo que incluye la autonomía funcional de las juntas electorales municipales, las garantías para los diferentes partidos, una fiscalía electoral independiente elegida por acuerdo entre las partes; los recursos disponibles para la adecuada educación electoral, la posibilidad de que se cuenten los votos físicamente cuando los resultados no sean concordantes de acuerdo a los delegados, antes de ser computados como válidos; la prohibición de que el Presidente de la JCE resuelva administrativamente la composición de los colegios electorales, e impedir que los delegados políticos y técnicos observen libremente los conteos y resultados de los boletines electorales, del mismo modo que un sin número de disposiciones arbitrarias que la tomaba quien presidía la JCE.
Por su parte, el proyecto de Ley de Partidos Políticos ha venido dando tumbos en el Congreso Nacional desde hace 16 años por falta de voluntad política del Partido de gobierno. La mayor prioridad debe ser la aprobación de una Ley Orgánica Electoral, o mejor un Código que incluya a todo el sistema, porque la actual es totalmente obsoleta después de la reforma constitucional del 2010, que estableció entre otros preceptos un Tribunal Superior Electoral, en lugar de la Cámara Contenciosa que existía en la JCE.
Sin embargo, el gobierno y los congresistas del PLD hablan solo de la Ley de Partidos, a la vez que impiden aprobarla, e ignoran olímpicamente la Ley Electoral; para que cuando al fin aprueben la primera, probablemente tergiversada en sus objetivos fundamentales; tratar de confundir a la opinión pública diciendo que con esa Ley se democratiza el país.
Un proceso electoral es sagrado para la democracia y un verdadero sistema de partidos. Es en ese sentido el primer poder del Estado, porque de éste es que se generan los demás.
Parece mentira que teniendo Haití graves déficits institucionales y culturales que lastran su desarrollo, allá se haya priorizado una Ley Electoral libre de sospechas. Ojalá que el PLD se dé cuenta de que el país, saturado por los vicios del régimen en que vivimos, encuentre las fuerzas para respetar de una vez por todas las instituciones democráticas, y que garanticen la paz y la justicia en nuestro país, antes de que sea demasiado tarde…