La Dirección de Compras y Contrataciones ha actuado de manera correcta y oportuna al ordenar la cancelación de un llamado a licitación de urgencia hecho por el Ministerio de Salud Pública para la adquisición de equipos médicos y mobiliario para varios centros de salud. En ese llamado se violentaban disposiciones medulares de la ley de compras y contrataciones, aparte de que no había justificación para la declaración de urgencia ni se concedían a los eventuales suplidores los plazos prudentes para entrega.

La resolución de la Dirección de Compras y Contrataciones en el caso de referencia debe obrar como una advertencia de tolerancia cero para todos los casos de compras y contrataciones apresuradas sin justificación, sobre todo en tramos finales de la ejecución presupuestaria del año que está por terminar. ¿Cómo justificar una licitación de este tipo sin que medien estudios y condiciones de emergencia que aconsejen tales compras, como sería el caso de una epidemia o una catástrofe?

Además de cancelar el llamado a licitación urgente, como ha dispuesto, la Dirección de Compras y Contrataciones debería indagar las raíces de esta convocatoria y si este mismo procedimiento ha sido empleado anteriormente, en ese ministerio o en cualquier otra dependencia del Estado, por ser un método que genera legítima sospecha.

Alzas y cobros preocupantes

Los servicios de legalización de documentos, ampliamente usados como soporte de las garantías jurídicas, no deberían aumentar sus tasas de la noche a la mañana, y menos si no están a la vista causas que lo justifiquen. De ahí que la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República deberían dar explicaciones sobre denuncias hechas por el Colegio Dominicano de Notarios sobre alzas de tasas y nuevos cobros por actos notariales, judiciales, sentencias de divorcio, legalización de firmas de notarios, intérpretes judiciales y representantes del Ministerio Público.

Las dos instancias judiciales señaladas fueron las primeras en objetar en su momento, el intento de los notarios por aumentar sus honorarios mediante una ley. Lo prudente sería desmontar esos aumentos de tasas y nuevos cobros por servicios.