Las autoridades municipales de casi todo el país se han declarado en pie de lucha para que el Poder Ejecutivo se acoja fielmente a la ley 166-03 que obliga a destinar a los ayuntamientos el 10% de las recaudaciones mensuales de la Dirección General de Impuestos Internos.

Además, los síndicos se quejan, a través de la Federación Dominicana de Municipios, de constantes retrasos en la entrega de los recursos que a ellos corresponden y que deberían ser puestos a su disposición  con puntualidad.

Ambos incumplimientos (el del porcentaje y el de desembolsos a tiempo) se traducen en insuficiencias de recursos para atender necesidades  de la colectividad.

Es totalmente legítimo que los gobiernos de ámbitos citadinos eleven su voz para reclamar la regularización del flujo de valores procedentes del Fisco que están estipulados para cubrir gastos e inversiones de las gestiones edilicias.

Es imprescindible tener en cuenta siempre el aspecto de la democracia que reconoce  la importancia de las administraciones regionales y que respalda el ejercicio de autoridad y prestación de servicios que más directamente tienen que ver con los  ciudadanos en función del lugar en que residan.

Cuestiones de vital importancia, como la limpieza, el ornato, el buen estado de las calles y parques y el mantenimiento del orden de  los barrios a través de normas sobre el uso de suelos, comprometen totalmente a cada síndico con los ciudadanos de sus respectivas jurisdicciones.

Reducir a esas autoridades la capacidad de corresponderles a las comunidades que las eligieron es una forma de perjudicar indiscriminadamente a las comunidades.

Ninguna causa del Poder Central  del Estado, como tal vez serían el reducir gastos para  cumplir ajustes fondomonetarias o priorizar inversiones públicas, puede ser invocada de manera justa para recortar ingresos a los cabildos.

El Presidente de la República debe ser receptivo y franco, y mostrar disposición a rectificar ante el reclamo de los ayuntamientos.

Debería acudir al encuentro con representantes del Poder Municipal para diseñar la forma correcta de suplirles lo que la ley manda, en el entendido de que no puede existir, realmente, una fuerza mayor sobre el Estado, que obligue a disminuir los recursos que corresponden a las administraciones edilicias, fuera de exigirles transparencia y eficiencia en sus gastos.

Boca Chica
El balneario y zona turística de Boca Chica son tan atractivos y  valiosos que han atraído sanas inversiones de diversos órdenes, pero también la presencia de comerciantes informales, algunos de ellos usufructuando terrenos que no les corresponden. También se advierte la presencia de grupos de vendedores de objetos diversos y “servicios” que en algunos casos pueden entrar en contradicción con las leyes.

Se ha comprobado  allí la existencia  perversa de la prostitución infantil y de tráfico de sustancias prohibidas.

Boca Chica necesita una puesta en orden. Un rescate de sus espacios para proteger al visitante contra  la arrabalización y contra los atentados a la salud de los consumidores, al pudor y  a las buenas costumbres.

También urge rehabilitar  la playa con obras de ingeniería como se ha hecho exitosamente en Juan Dolio.

Es loable el esfuerzo que hace el gobierno para dirigir un proceso de rescate en sociedad con los hoteleros allí establecidos.

¡Que bueno que se iniciara antier un diálogo que involucró a la diversidad de intereses que explotan los encantos de Boca Chica y a las  autoridades  que deben velar por la calidad ambiental y el orden en ese polo turístico.

Esta confluencia de representaciones debe mantenerse sin desmayo hasta lograr el objetivo común de rehabilitar el importante litoral.

Que se emprenda pronto la tarea de reponer el esplendor  pero, lógicamente, fijando  garantías de que la playa no será dañada de nuevo por quienes pretendan beneficiarse de ella sin respetar leyes ni espacios, y sin disminuir ni en un solo metro cuadrado  el carácter público y de libre acceso, de la ribera marítima.