Está fresco todavía en la memoria el aterrador capítulo de una alta contaminación sufrida por el municipio de Haina hasta el año 2007 cuando el reciclaje de baterías usadas había convertido al barrio Paraíso de Dios en uno de los lugares más enrarecidos del planeta. El espectro de esa agresión al ambiente y a la salud sobrevive con señales de altos niveles de metales nocivos, los mismos que anteriormente aparecían en la sangre de niños y adultos del entorno. Cunde alarma en toda la comunidad cercana con reclamo de que las autoridades intervengan y practiquen un saneamiento. Haina es a plenitud un distrito industrial además de un gran asentamiento urbano. Su colectividad empresarial ha participado siempre de la preocupación que suscitan los procesos fabriles adversos al aire, los suelos y recursos hídricos.
Se reconoce que es hora de que cada actividad económica esté sometida a los cánones de protección a la naturaleza y a los seres humanos. En el caso particular de Haina, su densidad de operaciones con posibles efectos residuales y de otros tipos comprometen a las autoridades a una incesante vigilancia con aplicación de requisitos y periódicos análisis exhaustivos para detectar consecuencias de emanaciones sobre personas de vecindades. La ausencia de supervisiones preventivas sobre riesgos en instalaciones de manejos críticos tiene ya un récord de víctimas mortales muy recientes.

Informalidad sin disuasivos

Las actividades informales no expresan pobreza necesariamente, pues el ingreso laboral promedio que generan supera los salarios mínimos legales. Lo que sí abunda en la producción no regulada de bienes y servicios es el propósito de escapar a obligaciones fiscales y de trato justo a la mano de obra; al tiempo de operar en ámbitos en los que predominan los rezagos tecnológicos.
Reina un ejército de patronos que abaratan costos incumpliendo normas en perjuicio del 58.5 de los asalariados así marginados de la protección social y del Código de Trabajo. Se puede estar en la seguridad de que el Estado dominicano no emplea ni dispone de los recursos que resulten suficientes para combatir esa exclusión; no solo para rescatar por espontaneidad a los excluidos. Además para hacer valer la formalidad como mandato de ley,