Hoy 
La Seguridad Social es uno de los logros más significativos alcanzados en el país en materia de políticas sociales. Pero en diez años de vigencia han saltado a la vista muchas debilidades que limitan las bonanzas del sistema en perjuicio de segmentos poblacionales necesitados de estos servicios. Sería justo y prudente hacer ajustes para que la cobertura de los servicios tenga mejores efectos entre, por ejemplo, los trabajadores en edad de retiro y personas afectadas por enfermedades terminales.
El vicepresidente Rafael Alburquerque hace, a propósito de estas debilidades, una propuesta oportuna, pues buscar consenso entre los actores de la Seguridad Social, incluyendo representantes de los receptores de los servicios, permitiría hacer reajustes en la ley que rige el sistema y corregir muchas de sus fallas, algunas de origen y otras que han surgido sobre la marcha y que perjudican a miles de asegurados.
Hay que quebrar muchas de las barreras que impiden que la cobertura llegue a los asegurados en las proporciones necesarias. Es preciso incluir una especie de código de ética para disuadir determinadas prácticas, como cobro de cuotas y honorarios por tratamientos que ya están cubiertos. Hay que mejorar sustancialmente la atención en salud en todos los sentidos. Hay que trabajar en la búsqueda de ese consenso por una mejor seguridad social.
El diálogo debe continuar
La ruptura del diálogo en las negociaciones por reajuste salarial no beneficia la causa de los trabajadores, ni siquiera ante el caso de que los empleadores se mantienen firmes en su propuesta de aumento.
El Comité Nacional de Salarios es el instrumento legal con autoridad para decidir en materia de salario mínimo, pero es también un espacio para negociar acuerdos sobre otros topes salariales.
Es una pena que algunas centrales sindicales aleguen que ir allí es perder el tiempo.
Empleadores y trabajadores deben debatir sus posiciones en el ámbito que la ley acuerda. De las propuestas y contra propuestas debe salir un acuerdo.
Negarse al diálogo y adoptar posiciones de fuerza no garantiza una mejora en las condiciones de negociación.
