El Centro Bono denunció hoy que dos jóvenes dominicanos fueron privados de su libertad de forma arbitraria por oficiales de la Dirección General de Migración, y retenidos por más de 24 horas en el Centro de Retención de Haina. La detención ocurrió a las 11 de la mañana del miércoles a la salida de la Junta Central Electoral.

Los afectados fueron Miguel Fene, de 22 años y Santos Bone, de 19 años, residentes en San José de los Llanos. Ambos habían acudido a la sede de la JCE, ubicada en la Plaza de la Bandera, a solicitar copias de sus cédulas de identidad.

A la salida de dicho organismo fueron abordados por agentes de la Dirección General de Migración: “Por nuestro color de piel nos dijeron ‘haitianos, súbanse para arriba’ y les contesté que yo era dominicano y que tenía mis documentos”, afirmó Santo.

“Uno de los oficiales comprobó que tenía mi cédula y acta de nacimiento, pero el jefe de ellos ordenó que igual nos subieran y nos llevaran para Haina”, agregó.

Afirman que ya en el Centro de detención fueron encerrados en un cuarto, junto a 30 personas más, en condiciones de hacinamiento: “estando ahí nos acostamos en el suelo, porque no había sillas, ni camas y ni siquiera colchones, y el baño era solo cerámica con una letrina”, comentó Miguel.

Dicen que solo pudieron comer cuando una persona externa al Centro de detención les llevó el alimento. “Lo peor es que como éramos muchos y estábamos apretados, empezamos a quejarnos. Parece que eso no le gustó al guardia, quien nos roció gas pimienta por la ventana, afectándonos en la nariz y dejándonos los ojos llorosos”.

Para Francisco Henry, abogado del Centro Bonó, la DGM usurpa funciones que son exclusivas del poder judicial: “La DGM no está facultada para privar a ningún ciudadano de libertad. La Constitución establece que ninguna autoridad administrativa puede imponer de manera directa o indirecta medidas que impliquen privación de libertad; pero la DGM tampoco puede determinar la veracidad de las actas de nacimiento, que son competencia exclusiva de los tribunales de primera instancia”.

El procedimiento, insiste el abogado, comienza cuando la JCE identifica un documento que haya sido obtenido de forma fraudulenta, luego apoderar a un tribunal de primera instancia, único facultado para aplicar sanción penal y multa a las personas que participaron en la falsificación del documento.

Al mediodía del jueves, y luego de pasar más de 24 horas retenidos sin ninguna justificación, los muchachos fueron dejados en libertad gracias a la presencia de algunos medios de comunicación que se trasladaron hasta el Centro de detención para constatar la situación.

Finalmente, el Centro Bonó insiste en sus demandas, basadas en el respeto de los derechos humanos de todos/as las personas que habitan en la República Dominicana:

1   La DGM debe dejar de usurpar funciones que solo le competen al poder judicial, y revisar los procesos de detención arbitraria de personas basados en criterios raciales.

2.   La JCE debe hacer entrega de su documentación a la población dominicana de ascendencia haitiana y facilitar los trámites de obtención de las copias de actas de nacimiento y cédula de identidad en las oficialías regionales.

3.  Deben ser revisadas tanto las condiciones del Centro de detención de Haina como supervisadas las conductas del personal que allí labora. La sociedad civil y los medios de comunicación tienen el derecho a comprobar la idoneidad de las instalaciones y del trato que reciben las personas que son retenidas en ese Centro.