El Estado dominicano, a través del Ministerio de la Juventud, junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), presentó el primer Plan Nacional de Juventudes 2020-2030, un documento de política pública para generar acciones a favor de los jóvenes dominicanos.

El mismo busca ser un instrumento técnico, con un enfoque político, que responda a las necesidades de las juventudes, y sirva para profundizar las políticas públicas de juventud con una visión de largo plazo, dando continuidad a los esfuerzos que se han alcanzado hasta la fecha.

Con el propósito de generar un Plan Nacional de Juventudes integral, inclusivo, participativo y representativo de los intereses y necesidades de las juventudes dominicanas, en su elaboración se han incorporado diversas variables como derechos humanos, género y diversidad social y cultural, que atienda a los enfoques generacional, de participación ciudadana, desarrollo sostenible y protección del medio ambiente, disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad.

Para validar y fortalecer la propuesta de ruta para la elaboración de este Plan, se creó un Comité Técnico Interinstitucional, integrado por varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre las cuales participaron: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Oficina Nacional de Estadística (ONE), Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el Instituto de Investigación y Desarrollo Sostenible de las Juventudes (IIDJ).

Durante la presentación, la ministra de la Juventud, Robiamny Balcácer, resaltó que por primera vez en la historia nacional la juventud tendrá un documento estratégico que se convierte en consolidación de derechos adquiridos y compromiso de cumplimiento de las iniciativas propuestas. “Por muchos años, los jóvenes dominicanos reclamaron las políticas públicas que garantizaran que el Estado dominicano se comprometiera con impulsar acciones que les impactaran de manera eficiente. Esto fue una deuda, acumulada durante muchos años, con el segmento que constituye el brazo más importante para el desarrollo de nuestra nación”, expresó.

Balcácer agregó que: “El Plan Nacional de Juventudes es una muestra de avance del país respecto a su visión de planificación, y es para el Gobierno dominicano uno de los mayores logros alcanzados en los últimos tiempos; mientras que para la juventud es todas las promesas convertidas en compromisos y la más extraordinaria de las conquistas que pudo obtener en la historia reciente”.

De su lado, el director del UNFPA para República Dominicana y Cuba, Arie Hoekman, calificó la elaboración del Plan como un gran logro y felicitó a la gestión del Ministerio de la Juventud por motorizarlo, trazando las pautas de las acciones e inversiones pendientes a favor de las personas jóvenes y adolescentes, de manera que tengan asegurados derechos y opciones para planear sus vidas, mantenerse saludables y productivos, aportando a la colectividad y participando activamente en la vida política, social, cultural, económica y deportiva.

Hoekman puntualizó que el acompañamiento del UNFPA a este proceso reitera su compromiso con la adolescencia y las juventudes dominicanas, cuyas necesidades, aspiraciones e ideales son centrales en su labor. «Trabajemos en establecer una gran alianza en apoyo a la implementación por parte de todos los sectores involucrados y en respaldo al Ministerio de la Juventud en su rol de acompañamiento y supervisión. Tenemos la seguridad de que con esta política y junto a los propios y las propias jóvenes, las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales, podremos contribuir a transformar el país, para no dejar a nadie atrás», concluyó.

El contenido del Plan Nacional de Juventudes es también el resultado de los aportes realizados por los equipos técnicos interinstitucionales e intersectoriales que participaron a lo largo de todos los encuentros sostenidos para el diseño de las propuestas de acción, asegurando en gran medida la alineación con los diversos instrumentos de políticas sectoriales existentes, así como la corresponsabilidad en las acciones de implementación que se espera que resulten del mismo.

Está alineado con dos instrumentos de suma importancia para el desarrollo del país: la Constitución de la República Dominicana y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END). En el plano internacional, se apega a los compromisos asumidos por el Estado en cuanto a protección y garantía de los derechos de las juventudes, muchos de ellos plasmados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, la Conferencia Internacional sobre la de Población y el Desarrollo (CIPD), y su Consenso de Montevideo (CM), y el Pacto Iberoamericano de Juventud (PIJ).

Los objetivos plasmados por cada eje fueron: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover el empleo pleno y productivo y el desarrollo de emprendimientos inclusivos para las juventudes y, también, garantizar una vida sana y propiciar el bienestar para las personas jóvenes.

Asimismo, garantizar la corresponsabilidad de las juventudes en la gestión de los asentamientos humanos de las zonas rurales y urbanas, asegurando que sean inclusivos, seguros y resilientes para combatir el cambio climático y sus efectos, garantizar el derecho al acceso a la justicia y la seguridad ciudadana, bajo el principio de igualdad y no discriminación.

Igualmente, garantizar la participación efectiva de adolescentes y jóvenes en la transformación social, en el debate público, la toma de decisiones y en todas las etapas de las políticas públicas, sin ningún tipo de discriminación. Además, el fortalecimiento del Ministerio de la Juventud, como instancia rectora responsable de formular, coordinar y dar seguimiento a la política del Estado dominicano en materia de juventud.

A lo largo del proceso consultivo y de análisis de las realidades actuales y de las problemáticas que les afectan a las personas jóvenes, se detectó la necesidad de contar con un Observatorio Nacional de Juventudes, con el fin de generar conocimiento mediante estudios e investigaciones que aborden las realidades juveniles, que facilite comprender su entorno y visión.

Entre los hallazgos de las consultas en los temas de salud sexual y reproductiva persisten desafíos asociados al ejercicio de estos derechos y acceso a servicios de atención integral, incluida la violencia en todas sus manifestaciones, que principalmente afectan a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como las mujeres y las juventudes. Esta problemática responde a un modelo de desarrollo que, a pesar de los esfuerzos que se llevan a cabo para implementar políticas públicas universales, mantiene altos niveles de pobreza, desigualdad de oportunidades para vivir y elegir una vida saludable, con garantías de protección social que no aseguran el acceso universal a servicios públicos de calidad.

Además, la necesidad de desarrollar programas de educación ambiental que contribuyan a la reducción de la contaminación y la prevención y mitigación de riesgos ante eventos naturales, así como el fortalecimiento de los mecanismos de sanción ante el incumplimiento de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Para fines del monitoreo de las acciones se hace necesario contar con un sistema que permita a las y los tomadoras/es de decisiones, en los diferentes niveles de gobierno, identificar los factores determinantes que facilitan u obstaculizan su cumplimiento. También, la creación de un Comité Multisectorial de Monitoreo y Evaluación, el cual será convocado desde el Ministerio de la Juventud para su entrada en vigencia.

El comité tendrá como objetivos mejorar la efectividad de coordinación entre las diferentes instancias y entes participantes, definir y aplicar el procedimiento adecuado para el reporte de avances en la implementación y una metodología común de monitoreo y evaluación que permita medir los logros e impactos de los procesos generados en materia de juventudes.

El éxito del Plan dependerá directamente de la eficiencia y eficacia de la colaboración interinstitucional, así como de las capacidades de coordinación y gobernanza de la coordinación.