¿Por qué tienen que tener los partidos políticos especies de “representantes” en la composición de la Junta Central Electoral (JCE).?

Nunca nos hemos explicado esa posición. No le encontramos razón de ser. Por el contrario, la entendemos como una especie de aberración.

Las últimas “crisis” alrededor de la JCE se han resuelto dando participación a los partidos políticos en la conformación del organismo comicial.

En una ocasión, se reformó la Ley Electoral para permitir la “solución” a una crisis, aumentando el número de miembros de la corte y dando su “cuota” a los partidos beligerantes.

Ahora se levantan voces para pedir que se reduzca el número de miembros de la JCE, así como también el funcionamiento interno del tribunal.

Desde distintas tribunas se oyen propuestas para que se modifique la forma de escoger los miembros de la JCE, previa reforma constitucional. Eso, sin duda, será cuestión de tiempo, pero que no se escape que hay elecciones presidenciales fijadas para el 16 de mayo de 2008.

Se insiste, marcadamente, en que se deben ponderar las condiciones de los ciudadanos que sean escogidos para formar parte de la JCE, Creemos que en ese aspecto de la cuestión, no son dos ni tres los ciudadanos existentes aptos para ir a la JCE, por sus condiciones de hombría de bien, su capacidad intelectual y su independencia de criterio.

Siempre insistiremos, sin embargo, en hacernos la pregunta de por qué tienen los partidos políticos que llevar miembros de sus organizaciones al seno de la JCE. ¿Es que, acaso, ya consideramos una especie de tradición el ser juez y parte?

 Respaldo

La Cámara de Diputados acaba de respaldar una propuesta que bien merece ser endosada por la población dominicana: que se contraten los servicios de una firma internacional para que audite los contadores o medidores que usan las empresas distribuidoras de energía.

Esa resolución, de hecho, saca del sueño otra aprobada hace algunos años producto del esfuerzo del diputado Pelegrín Castillo Semán (FNP, Distrito Nacional).

De manera “inexplicable”, esa resolución propuesta por el señor Castillo mereció el olvido.

No son dos ni tres los consumidores que expresan sus quejas al considerar que las distribuidoras le facturaron más de lo debido.

Y el organismo regulador, periódicamente, da cuenta al país de que ha dictado resoluciones que obligan a las distribuidoras a devolver dinero a usuarios a los cuales ha cobrado en exceso.

Interesante sería saber la metodología seguida para determinar que las distribuidoras cobran en forma indebida.

¿Será, acaso con el que chequeo individual de los contadores o medidores?

No vamos a pasar balance alguno de esta situación, pues carecemos de pruebas condenatorias contra las distribuidoras y los contadores o medidores que usan.

Por eso, preferimos respaldar la resolución que establece contratos una firma internacional que verifique si esos contadores o medidores operan con normalidad o son preparados para establecer marcas de velocidad en perjuicio de un usuario que ya tiene más problemas de la cuenta.