Luego de pasarse tanto tiempo dándole largas a su aprobación, no obstante su mayoría en el Congreso, es lógico hacerse la pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado que el PLD decidió instruir a sus legisladores para que flexibilicen los puntos del proyecto de Ley de Partidos que no han podido ser consensuados con las demás fuerzas políticas? ¿Tiene algo que ver con ese cambio de “línea” la advertencia del presidente de la JCE, Roberto Rosario, de que la “sanidad” de las elecciones generales del 2016 depende de la aprobación de esa ley? Hasta el anuncio del exvicepresidente Rafael Alburquerque, quien dirige la comisión del Comité Político que trabajó en la elaboración del proyecto de Ley de Partidos, el país político estaba convencido, por que así nos lo ha enseñado la experiencia, de que los partidos dominicanos, sobre todo cuando están en el poder administrando el Presupuesto Nacional, no tienen ningún interés en que se les regule, que se sepa en qué y cómo gastan los recursos públicos que reciben o quién los financia desde el sector privado, ni tampoco que se les oblige a crear mecanismos que garanticen una auténtica democracia interna, con igualdad de oportunidades para los aspirantes a cargos electivos . ¿Cambiará todo eso el proyecto de ley del PLD? Habrá que esperar que se informe sobre sus detalles, cuando inicie la legislatura el próximo 27 de febrero, para saberlo, pero conociendo a los peledeístas no es aconsejable hacerse muchas ilusiones. Porque si ese proyecto de ley no difiere sustancialmente del presentado por el partido oficial a las cámaras legislativas en octubre del pasado año, criticado duramente por los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil como Finjus, que lo calificó como un retroceso que perpetúa todos los vicios que urge erradicar de nuestra vida democrática e institucional como la falta de transparencia y de rendición de cuentas, no vale la pena ponerse de mojiganga siguiendo sus peripecias en el Congreso Nacional.