Un censo de 2010 estimó que había 1.414.703 personas de origen dominicano en Estados Unidos y ahora, de seguro, son mucho más.

Esa gran cantidad de compatriotas, a los que corre por sus venas sangre dominicana, consumen medicamentos que compran a precios tres y cuatro veces más altos que los que pagan los consumidores en otros países, lo que además, encarece, junto a otros factores, los seguros de salud.

Se ha estimado que en países como Argentina los medicamentos constituyen el 25% del gasto en salud, pero en Estados Unidos puede ser mayor, pues los precios de los medicamentos recetados, que representan el 80% del total, son entre dos y tres veces superiores a los de otros países de la OCDE.

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De manera que la iniciativa que acaba de anunciar el presidente Donald Trump debe recibir el apoyo de todos. En el caso de los dominicanos que vivimos en nuestro país, el respaldo constituye un deber no sólo por los vínculos que nos atan a nuestros compatriotas residentes en Estados Unidos, sino también por razones de justicia.

La industria biofarmacéutica ha defendido los altos precios bajo el argumento de que son necesarios para sostener la investigación y desarrollo (I+D) de nuevos medicamentos, pero investigaciones las desmienten.

Estudios del Institute for Clinical and Economic Review aseguran que no hay ninguna correlación entre el gasto en I+D y los precios desorbitados de los fármacos.

Informes financieros disponibles públicamente de 1999 a 2018 lo confirman, al mostrar que las 15 mayores compañías biofarmacéuticas tuvieron ingresos totales de 7,7 billones de dólares. Durante este período, gastaron 2,2 billones de dólares en costes relacionados con actividades de ventas, generales y administrativas y 1,4 billones de dólares en I+D. La mayoría de las mismas empresas también gastaron más en la compra de sus propias acciones, una práctica conocida como recompra de acciones, que en I+D durante este período, señalan los autores, lo que plantea interrogantes sobre los compromisos con la investigación biofarmacéutica.

De manera que hay motivos para apoyar la orden ejecutiva firmada el lunes por el presidente Donald Trump, la cual establece un plazo de 30 días para que las farmacéuticas reduzcan por voluntad propia el costo de los medicamentos recetados o enfrenten nuevas restricciones sobre lo que el gobierno pagará.

La iniciativa privada deber ser salvaguarda siempre que sea el resultado de las fuerzas libres del mercado, sin manipulación a través de precios y cuotas monopólicos u oligopólicos, asegurando que no atenten contra lo verdaderamente justo, pues “la justicia no puede ser comprometida por la conveniencia, ni siquiera por la fuerza». Tampoco por obediencia a una mal entendida o equivocadamente ejercida iniciativa privada, caso en el cual la mano del Estado debe hacer sentir su presencia.