Javier Herrera 
Fachada de la Cámara de Cuentas. (Foto de archivo).
¿Por qué hacerle un juicio político a todos los integrantes del bufete directivo de la Cámara de Cuentas, cuando los más recientes hechos sindican a su presidente, Janel Ramírez? Esa es una de las preguntas que hacen sectores opositores al oficialismo sobre lo que posiblemente se ejecute en el Congreso Nacional contra dicho órgano fiscalizador del Estado.
La interrogante la respondió la senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, durante el Encuentro Digital de Hoy, quien detalló las razones por las que los cinco miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas deberían ser procesados en el Senado de la República.
«El organismo jerárquico superior de toma de decisiones de la Cámara de Cuentas no es uno, no es el presidente, es el Pleno de la Cámara de Cuentas, y la denuncia los involucra a absolutamente a todos. Por eso es importante hacer el juicio político que la oposición o quiere que se haga. Porque lo que se puede entender de esa negativa es que ellos tienen un amplio espectro de impunidad dentro de esa composición de la Cámara de Cuentas«, explicó la legisladora.
Faride añadió que desde su posición lo que se persigue es que se resuelva la crisis en la citada entidad de control estatal, y hacer que esa institución funcione de acuerdo a lo que indica la ley.
«Nosotros no estamos en chismes. Lo que queremos es que se resuelva la situación de la Cámara de Cuentas para que sea una institución que funcione de acuerdo a lo que establece la ley. Y si para eso es demostrable que hay ingobernabilidad, los cinco miembros tienen que ser removidos de sus funciones ahora por el Senado de la República», dijo la senadora.
Las puntualizaciones de Raful se dan en momentos en que algunos sectores han solicitado al Senado que enjuicie a Janel Ramírez, Elsa María Catano, Tomasina Tolentino, Mario Fernández y Elsa María Peña, quienes se desempeñan en la Cámara de Cuentas como presidente, vicepresidenta, secretaria y miembros, respectivamente.
Sin embargo, Participación Ciudadana considera que la solución del problema va más allá de remover a los directivos del organismo fiscalizador. El movimiento cívico no partidista entiende que los legisladores deben cambiar la forma de elección de los que lideran dicha institución que ahora está en la palestra por supuestas «irregularidades» que el propio Ramírez reveló durante una entrevista en un programa de televisión el pasado martes.
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Según lo que indica la Ley 10-04 en su artículo 13 respecto a los directivos de esa entidad de control, los designados por la Cámara Alta «durarán en sus funciones por el período de dos años».
Sin embargo, el proceso inició en la instancia que indica la ley, en la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Alfredo Pacheco, solicitó una investigación para ver si procede hacer un juicio político. Pero no se ha establecido qué sucederá con los integrantes de la Cámara de Cuentas que, según la ley, deben ser cambiados por haber agotado su tiempo.
El diputado José Horacio, del partido Opción Democrática, reveló que todavía «no ha llegado una propuesta formal en ese sentido. Pero en cualquier momento se podría presentar».
