LETICIA DUMAS
Un recién informe de la OIT indica que el porcentaje de niños ocupados en trabajos por abolir en un país está determinado por diferentes aspectos socio-económicos de su entorno. El análisis de estas variables en América Latina muestra, por una parte, que entre más alto es el desarrollo humano en un país (medido por el Indice de Desarrollo Humano (IDH), que considera indicadores de salud, educación y bienestar económico), menor es la tasa de ocupación infantil por abolir.

Por otra, mientras mayor es la pobreza humana, (medida por el Indice de Pobreza Humana, IPH, que toma en cuenta indicadores no económicos como la probabilidad al nacer de no superar los 40 años de vida, el analfabetismo adulto, la falta de acceso a agua potable, y los problemas de nutrición), mayor es la tasa de ocupación infantil por abolir. También se observa que, entre más invierte el gobierno en educación (como porcentaje del PIB), más abajo es el nivel de trabajo por abolir del país. Asimismo, se observa que niveles más altos de adultos alfabetizados acompañan menores niveles de ocupación infantil por abolir.

Respecto a variables económicas, se observa que entre más bajo es el valor del producto por persona, más alta será la tasa de ocupación infantil por abolir, así como mayores proporciones de población bajo la línea de pobreza acompañan tasas más altas de trabajo infantil por abolir. La productividad laboral, medida como el producto por trabajador, muestra una relación negativa con la incidencia del trabajo por abolir, lo que pone de relieve la importancia de aumentar la productividad para mejorar las condiciones de trabajo en los países de América Latina. El análisis de los indicadores mencionados muestra las relaciones negativas más notables entre el trabajo infantil por abolir y el gasto público en educación, el PIB per capita, y la productividad laboral, lo que indica la necesidad de tomar en cuenta estos factores en el diseñó de las políticas nacionales dirigidas a la erradicación del trabajo infantil. También destaca la estrecha relación positiva entre el trabajo infantil por abolir y el índice de pobreza, lo que es consistente con estudios anteriores donde se señalan causas estructurales como el bajo ingreso nacional, la exclusión social, y la falta de trabajo decente para adultos.

La identificación de estas relaciones, aunque no revela causalidad, si ayuda a delinear el contexto donde existe el trabajo infantil por abolir.

Por lo tanto, no hay que equivocarse de lucha, como lo ilustra la siguiente anécdota: andando en un vertedero de este país, hace un par de meses, un niño fue atropellado por un camión. Algunos se indignaron de la muerte del pobre niño, y con razón. Más vale la indignación que la indiferencia. Sin embargo, a quien se le culpó, fue al conductor del camión, este desgraciado! En realidad, el problema, lo que molesta, no es la torpeza del chofer, sino la presencia del niño en el vertedero, andando en el fango, recolectando deshechos del consumerismo para que su hermano coma, o para él mismo pueda pagarse su uniforme escolar. Su muerte es un accidente; su presencia en el basurero es sintomática del descuido de su familia, de la inacción del Estado, y de la tolerancia de la sociedad.

En resumen, invertir en políticas sociales es luchar contra la explotación económica de los niños. Recíprocamente, rechazar el trabajo infantil es superar la pobreza y contribuir en el desarrollo integral y sostenible de una nación.

La eliminación del trabajo infantil es una «inversión generacional», y debe reflejarse en un compromiso sostenido con la niñez, tanto ahora como en el futuro. En este sentido, expertos de la OIT afirman que la eliminación del trabajo infantil en el mundo podría generar beneficios por 5,1 billones de dólares en el período 2000-2020, en especial en los países con economías en desarrollo o en transición. En América Latina, estos beneficios superarían los costos en una proporción de 5,3 al 1.

Evidentemente, durante los primeros años, los costos excederían los beneficios. Pero esta tendencia cambiaría paulatinamente a medida que se noten los efectos positivos de la inversión en los sectores de educación y salud. En todos casos, el costo de eliminar el trabajo infantil demandaría mucho menos recursos que las inversiones en el servicio de la deuda externa o en el sector militar.

Obviamente, se trata de una lucha que no puede limitarse a acciones puntuales, sino que debe situarse en una perspectiva más global, que supera los ámbitos políticos, económicos, jurídicos del problema, dado que, en el caso especifico de la explotación sexual comercial por ejemplo, «de nada sirve desmantelar una red de prostitución infantil cuando el mundo en que vivimos produce los individuos dispuestos a consumir sexo infantil».

Si todavía quedaba duda, recordémonos el grito lanzado en mayo del 2002 por Gabriela Azurdy, una boliviana de 13 años, en la Asamblea General de la Naciones Unidas: «Somos víctimas de la explotación y de abusos de todos tipos, somos los niños de la calle, somos los niños de la guerra, somos los huérfanos del SIDA, somos víctimas y nuestra voz no está escuchada. ¡Eso debe acabarse! Queremos un mundo que sea digno de nosotros».