Recientemente el Ministerio Público de Guatemala ha ordenado la detención de varios jueces y fiscales que en el pasado se han distinguido por su lucha contra la corrupción. Varios han huido del país con temor por su seguridad y todos han asegurando que la Fiscal General, Consuelo Porras, los tiene en la mira.

¿Cómo se llegó a esta crisis que según expertos y organizaciones internacionales vulnera el Estado de derecho en el país centroamericano?

 ¿CUÁNDO SE ORIGINÓ LA CRISIS QUE ACTUALMENTE VULNERA EL ESTADO DE DERECHO EN EL PAÍS?  

En 2015, una Guatemala convulsa logró a través de manifestaciones pacíficas que el entonces presidente, el general Otto Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Baldetti y su gabinete, renunciaran al cargo en medio de acusaciones de corrupción que hasta hoy los mantienen presos.  

La lucha contra la corrupción era liderada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) un órgano de Naciones Unidas que coadyubaba en las investigaciones judiciales. Entre ambas instituciones se llevó a juicio a más de 700 personas y se lograron condenas a unas 400 entre empresarios, jueces, políticos, funcionarios y particulares acusados de corrupción.  

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Tras la salida de Pérez Molina se realizaron elecciones presidenciales y fue elegido Jimmy Morales, un cómico de televisión y actor neófito en política que con el tiempo también fue señalado de corrupción. Su hijo y hermano fueron llevados a juicio por fraude por la FECI y la CICIG, por lo que Morales decidió ya no renovar el mandato de CICIG y en 2019 puso fin a 12 años de trabajo.

Un tribunal absolvió a los familiares del presidente el mismo mes que la CICIG finalizó su trabajo.   Uno de los casos que también presionó la salida de CICIG se registró en abril de 2018, cuando esa comisión y el MP —entonces liderado por la fiscal Thelma Aldana, reconocida internacionalmente por su lucha anticorrupción y actualmente exiliada— acusaron a prominentes empresarios de financiamiento electoral ilícito que benefició a Morales.

Esos hombres de negocios pidieron disculpas públicamente, pero poco tiempo después el Congreso modificó la ley para que empresarios no pudieran ser acusados por esos delitos. Posteriormente el fiscal a cargo de la investigación, Rafael Curruchiche, pidió que no se les acusara.

¿CUÁNDO ENTRÓ EN ESCENA LA ACTUAL FISCAL GENERAL, CONSUELO PORRAS?

En mayo de 2018, luego de que concluyera la gestión de Aldana, el presidente Morales eligió a Porras para relevarla.

Tras la salida de la CICIG del país un año después, la mayor parte de los casos importantes de corrupción quedaron en manos de la FECI, dirigida entonces por Juan Francisco Sandoval, pero este organismo empezó a tener dificultades para operar con la gestión de Porras. Entre otras cosas, decidió que toda petición a tribunales para investigar los casos debía estar autorizada por ella, lo que comenzó a restar autonomía a fiscales.

 Ese mismo año, se supo del primero de ocho fiscales que se exiliarían del país: Andréi Gonzáles dijo que Porras le había ordenado detener la solicitud de aprehensión a una candidata presidencial y se lo permitió solo hasta que ésta obtuvo inmunidad por su participación en política. Tras denunciar los hechos, González dejó Guatemala.

¿CUÁLES SON LOS CASOS QUE GENERARON LO QUE EXPERTOS CONSIDERAN UNA “PERSECUSIÓN” A OPERADORES DE JUSTICIA?  

Las investigaciones llamadas “Comisiones Paralelas” y “Comisiones Paralelas 2020” dieron a conocer videos y fotografías que presuntamente muestran cómo magistrados y jueces que querían ser electos para las cortes de justicia se reunían con un empresario farmacéutico —Gustavo Alejos, preso por acusaciones de corrupción, pero con poder económico e influencia— para conseguir votos y poder.

La mecánica, según la investigación de la FECI, era que los interesados se reunían con Alejos en oficinas contiguas a un hospital, donde por supuestos quebrantos de salud estaba recluido. Allí, al parecer, también se reunía con comisionados postuladores que se encargaban de elegir ternas de candidatos y legisladores, las cuales se entregaban a diputados para que éstos eligieran.

La investigación, en parte, detuvo el proceso de elección de magistrados. También la pausó la falta de elección, que por ley le corresponde al Congreso, y por eso los actuales magistrados de salas y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llevan más de dos años en el cargo fuera del periodo para el que fueron electos. La CSJ ha protegido a diputados oficialistas y a los aliados que los eligieron de retiros de inmunidad para ser investigados por acusaciones de corrupción.  

¿QUÉ PASA CON LOS JUECES?  

El tema de los jueces es fundamental para lo que expertos y organizaciones internacionales, como la Unión Europea, han calificado como un deterioro en el Estado de derecho en Guatemala: con una justicia que pareciera estar cooptada desde los jueces y hasta la Corte de Constitucionalidad, se han revertido procesos de investigación ya iniciados, se solicitan detenciones o retiros de inmunidad y hasta se pueden manipular las decisiones judiciales, aseguran expertos.

Otro de los temas que desencadenó lo que organizaciones de derechos humanos, como la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) y los fiscales y jueces afectados consideran una represalia de la fiscal Porras son las denuncias de presuntos sobornos o actos de corrupción que involucrarían al actual presidente, Alejandro Giammattei.

Desde que inició su mandato, Giammattei ha dicho que Porras es su amiga y ella —tras tomar las instalaciones de la FECI para verificar si había o no señalamientos contra el mandatario— ha negado que exista alguna investigación contra el presidente.  

El mandato de Porras termina en abril próximo, por lo que el presidente deberá elegir de una terna propuesta por una comisión de postulación quién dirigirá los próximos cuatro años la fiscalía. Porras —quien no suele hablar con medios para abordar estos temas y los señalamientos de fiscales en su contra y quien ha acelerado acusaciones contra fiscales y jueces— podría reelegirse.  

¿QUIENES HAN SIDO LOS MÁS AFECTADOS POR ESTA CRISIS?  

Operadores de justicia, jueces y fiscales que han conocido, investigado y emitido fallos en casos de corrupción y contra la impunidad, como la jueza Erika Aifán, premiada por el departamento de Estado por sus fallos contra la corrupción, quién llevan en su haber más de 30 denuncias y 7 solicitudes para el retiro de su inmunidad.   También está el juez Pablo Xitumul, que condenó al exdictador Efraín Ríos Mont a 80 años de prisión por genocidio, condena que fue revertida. Además condenó a varios militares y paramilitares por delitos de lesa humanidad, pero recientemente la CSJ le retiró la inmunidad para ser investigado por un incidente de tránsito con policías.  

A su vez, Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI y ampliamente reconocido por su trabajo, fue destituido por Porras en julio pasado y esa misma noche huyó del país por temor a su integridad. Ahora esta exiliado en Estados Unidos.   Desde entonces, otros siete fiscales han salido de Guatemala y cuatro trabajadores de la fiscalía que dirigió Sandoval fueron apresados por presuntamente cometer abusos.   A una lista de decenas de operadores de justicia también se han sumado abogados opositores, extrabajadores de la CICIG y particulares que protestaron contra el gobierno de Giammattei y que han denunciado una criminalización por parte de la fiscalía que dirige Porras. Ella ha negado que exista criminalización o venganza.

¿QUÉ ACCIONES SE HAN TOMADO ANTE ESTA SITUACIÓN?

 A pesar de las denuncias por persecución que han presentado operadores, abogados, exfiscales o particulares contra Porras y jueces, ninguna ha avanzado. Éstas denuncias se han presentado ante la fiscalía que ella dirige.

En septiembre de 2021 el gobierno de Estados Unidos sancionó a Porras y a su secretario Ángel Pineda por socavar la democracia y obstruir investigaciones de actos de corrupción, retirándoles la visa de entrada a aquel país. Varios gobiernos como el Reino Unido también han externado su preocupación por la situación y advierten de criminalización de operadores de justicia, activistas de derechos humanos y periodistas.