Una realidad incontrovertible es que estamos obligados a abaratar nuestros costos de generación eléctrica y prescindir cada vez más de plantas que funcionen con derivados del petróleo.

La transformación del parque energético para que disminuya sus costos es una imposición determinada por el tamaño de nuestra economía y los prohibitivos precios petroleros.

El Estado, en primer orden, está en el deber de buscar las fórmulas más adecuadas para el abaratamiento de costos energéticos, pero debe hacerlo bajo la condición de respetar determinadas reglas y hacer valer las normas éticas que todos estamos obligados a cumplir.

No es posible que a nombre de las necesidades apuntadas anteriormente, el Estado o cualquiera de sus dependencias incurra en negociaciones que puedan despertar suspicacias o inducir entendibles cuestionamientos.

Y este parece ser el caso de la contratación, grado a grado, de la firma de capitales estadounidense y filipino Westmont Power por parte de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para la instalación de dos plantas a carbón que generarían 600 megavatios en conjunto.

Lo que no tiene justificación alguna es que se incurra en la práctica de la contratación grado a grado, evadiendo el siempre idóneo y conveniente procedimiento de la licitación, que, entre otras cosas, amplía el abanico de opciones y permite seleccionar la que más convenga a los intereses y condiciones del país.

–II–

Tampoco resulta claro el hecho de que el Estado tenga que financiar, bajo los términos que ha explicado la CDEEE, US$140 de los US$500 millones que costaría la instalación de las dos plantas. ¿A quién se tomarían prestados los 140 millones? ¿Bajo cuáles condiciones? ¿Cuáles son los estudios ambientales realizados para enfrentar el terrible contaminante que es el carbón?

La CDEEE está defendiendo la conveniencia de una contratación que, por su naturaleza y condiciones, contradice los esfuerzos que hace el propio Gobierno por diafanizar sus operaciones de contratación y compra.

Una propuesta de legislación en este sentido está pendiente de ponderación en el Congreso, y está basada en los perjuicios y distorsiones a que se prestan las contrataciones directas.

Es tiempo de que la transparencia en las operaciones que se hacen a nombre del Estado sea una condición inviolable.

No están claras las ventajas que supondría para el país una contratación de grado a grado cuando el propio Gobierno está tratando de desterrar este procedimiento por razones que todos conocemos.

Lo que procede es convocar a un concurso internacional para la instalación de esas u otras plantas, bajo términos explícitos, y escoger de entre las ofertas, entre las que podría caber la de la Westmont Power, la que más se ajuste a las necesidades y posibilidades del país.

No hay razones valederas para proceder de otra manera.

La necesidad de hacer transformaciones en el sector eléctrico para abaratar sus costos no justifica que se actúe con estas premuras.

Y otra cosa, muy importante: ¿Por qué el silencio que guarda el Gobierno ante las denuncias de que Westmont sobornó funcionarios oficiales para instalarse en Tanzania e hizo operaciones bancarias no santas en Uganda?

¿Es que, acaso, eso no preocupa a los padrinos de Westmont?