“Por décadas, los gobiernos y la sociedad dominicana han pretendido que los haitianos solo existen para trabajar arduamente, no para recibir protección laboral ni derechos ciudadanos. La razón es desviar la culpabilidad, de manera que el gobierno dominicano pueda continuar con una práctica migratoria irregular que asegura a los empresarios una masa laboral empobrecida, carente de derechos laborales y ciudadanos. Esta fórmula es perfecta para el empresariado que se beneficia del sistema laboral semiesclavista, así como para los oficiales civiles y militares que reciben comisiones por el tráfico ilegal de personas. Se permite así la migración de haitianos para realizar labores fuertes como mano de obra barata sin ninguna garantía laboral y no se regulariza con derechos su presencia en el territorio dominicano”.  (ODH/PNUD/SEEPYD 2010: 109).

Las autoridades dominicanas se resisten a regularizar la situación de la población haitiana migrante negándole su derecho a condiciones laborales justa y transparente. En investigaciones realizadas por el Servicio Jesuita a Refugiad@s y Migrantes (2001 y 2006) el 86% de la población haitiana migrante encuestada aceptaría un permiso temporal y luego retornar a Haití al cabo de su vencimiento, expresando así su disposición a legalizar su situación en el país.

En los estudios citados se muestra claramente que “el caos migratorio” no es responsabilidad de los migrantes que son los más interesados en regularizar su situación sino del gobierno dominicano que se niega a intervenir en ello. “El migrante es quien padece las consecuencias de vivir y trabajar en condiciones de irregularidad. La mano de obra en condiciones de irregularidad está más vulnerable para ser explotada en el trabajo, en beneficio de los empresarios que los contratan”. (SJRM 2008: 37).

En estos días se presentan en forma paralela los dos escenarios. El reciente (ya resuelto) conflicto en la frontera por Dajabón donde se le negaba la entrada a trabajadores haitianos migrantes que visitaron en la Navidad sus familias en Haití y la vigilia-protesta de 112 trabajador@s haitian@s frente al Ministerio de Trabajo en demanda del pago de prestaciones laborales.

L@s 112 trabajador@s haitian@s tienen 30 días en vigilia durmiendo a la intemperie frente al Ministerio de Trabajo y no han logrado que la institución intervenga a favor de sus derechos como trabajadores, función que le corresponde como tal.

El Estado dominicano es el responsable de aplicar políticas migratorias claras para que se erradiquen las prácticas de extorsión, corrupción y violación de los derechos de la población migrante. Cada haitiano tiene que pagar más de 5,000 pesos por entrar al país (ODH/PNUD 2010), mientras más se “cierra” la frontera, más dinero se paga y más beneficios obtienen ciertos sectores.