RAFAEL TORIBIO
Nos hemos acostumbrado a que ante crisis económicas o financieras, no importa cuál sea su origen y sus autores, se recurra a un préstamo, a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o a la realización de una reforma fiscal. Los recursos obtenidos con alguno de estos instrumentos, cuando no todos, los utilizamos para pagar deudas o atender desequilibrios y déficits por impactos de variables externas, o por los desaciertos de la gestión interna.

Así las cosas, los recursos económicos logrados de los sacrificios fiscales y los endeudamientos, tanto internos como externos, los aplicamos para las urgencias y exigencias, disfrazadas estas últimas a veces de «condicionalidades», para salir de la coyuntura presente, no necesariamente asegurando el futuro, sino, por el contrario, hipotecándolo. Hacemos todos los esfuerzos que sean necesarios para obtener recursos para pagar deudas, desequilibrios, y hasta fraudes, pero somos menos diligentes para lograr los que necesitamos para invertir en el desarrollo humano.

Recientemente nos vimos obligados a realizar una reforma fiscal, que fue realmente un simple ajuste tributario, para cubrir deudas, déficits, desajustes y desequilibrios, productos de impactos en variables económicas externas pero, sobre todo, por fraudes, y un pésimo manejo interno, tanto de los efectos de las variables externas, como, especialmente, del fraude bancario, que hemos aceptado en llamar «déficit cuasi fiscal». Previamente tuvimos que recurrir a nuevos préstamos y a la firma de un nuevo acuerdo con el FMI en búsqueda de recursos económicos para atender esas «urgencias». Por decisión de las autoridades monetarias, y políticas, además, una inmensa deuda privada fue convertida en pública para que así tuviera que ser pagada por todos los ciudadanos. Ahora, con un presupuesto donde la prioridad de la Nación es el pago de deudas, pues tenemos que dedicar a este renglón cerca de la tercera parte del mismo, se acaba de aprobar otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que implica el compromiso de realizar una nueva reforma fiscal. Me temo, lamentablemente, que como en anteriores ocasiones, el sacrifico fiscal de todos los dominicanos y dominicanas, del presente y del futuro, no sea para invertir en el desarrollo humano y que se prefiera sacrificar al pueblo nuevamente para pagar deudas, déficits y desequilibrios, aunque sean productos de fraudes, y no para invertir en su desarrollo. Hacemos enormes sacrificios para pagar cualquier déficit y cualquier deuda, pero no para pagar el enorme déficit y la gran deuda social que el Estado tiene con sus ciudadanos.

Como en la vez anterior, algunos sectores empresariales han expresado que aceptan como necesaria esta nueva reforma fiscal. Sin embargo, parece que la conciben, no tanto para proporcionar los ingresos que el Estado necesita, sino lamentablemente sólo para pagar deudas y cubrir déficit, y no para poder hacer una fuerte inversión social.

Por sus declaraciones, parece que la ven como la oportunidad también para que se supriman gravámenes y distorsiones que a su juicio les perjudican, bajo el argumento de que afecta su competitividad en un mercado globalizado, que presentan como la competitividad de todo el país. Las propuestas que formulan sobre lo que debiera ser el contenido de la próxima reforma fiscal, apuntan a que los recursos que necesita el Estado deben salir de otros bolsillos, que al final serán de los sectores que tienen menos capacidad de negociación y presión sobre el gobierno y con menos «argumentos convincentes» en el Congreso.

En los períodos de crecimiento económico no hacemos la inversión social necesaria y en los de crisis tampoco, entonces porque se imponen otras prioridades. Pero ni con los préstamos ni con las reformas fiscales atendemos al desarrollo humano. Eso explica el crecimiento de la pobreza y de la desigualdad. ¿Porqué no se hace una reforma fiscal para invertir en el desarrollo humano? ¿Porqué alguno de los economistas defensores de los préstamos no plantea que se haga una emisión de bonos, por ejemplo, para la remodelación y construcción de las aulas que requiere el sistema educativo o para implementar la paralizada seguridad social? Me gustaría que se contabilizaran los recursos económicos necesarios para lograr una educación de calidad para todos; la ejecución del sistema de seguridad social; mayor cobertura, eficacia y eficiencia en los servicios de salud; transporte público eficiente; ampliación de la cobertura en agua potable y saneamiento ambiental; desarrollo de un plan de mejoramiento y construcción de viviendas para los sectores populares; creación de puestos de trabajos permanentes. Conocidos los recursos requeridos y programados en el tiempo, hacer una reforma fiscal, todo lo extensa y profunda que sea necesaria, para obtener esos recursos. Y si se necesitaran recursos adicionales, recurrir entonces a los préstamos, pero sólo para esta finalidad.

¿Porqué ningún gobierno se atreve a planearse una reforma fiscal para el pago de la deuda social? ¿Porqué ningún organismo internacional de cooperación lo sugiere como sugiere o impone otras cosas, en forma de «condicionalidades» de sus ayudas y préstamos? ¿Porqué hasta ahora ha sido más importante pagar deudas y déficits que invertir en el desarrollo humano?