Estas consideraciones no tienen que ver con el reciente nombramiento del General Sanz Jiminián, un oficial amable y cortés, con larga experiencia sobre orden público; sino con graves  errores de diseño de la entidad: Está concebida para un país en el que se respeta la ley, y las infracciones son la excepción, no la regla; supone, además: Una infraestructura vial ¡que viabilice!, esto es, que no tenga tantos “embudos viales”; un parque vehicular no excesivo, apto para circular con celeridad y seguridad, no uno en que la mitad son chatarras (¿quién se atreve a prohibirles que circulen?); reducida utilización de motocicletas (vehículos de un rol-status ambiguo, entre velocípedo y automóvil, difíciles de disciplinar); y mayor eficiencia del transporte colectivo, como en países cuyos diseños hemos copiado.

Tampoco existe un sistema de educación y comunicación que refuerce la cultura vial, las normas de seguridad y respeto al orden. Contrariamente, las autoridades mismas exhiben un comportamiento de uso arbitrario y privilegiado de las vías públicas. A lo que se suma la “apropiación vial” de parte de los usuarios profesionales: choferes de conchos, guaguas, camiones, patanas, taxistas, carreteros y tricicleros, cada uno con especiales “derechos de uso y abuso”, disfrutando de absoluta impunidad en cuanto a una serie amplia de violaciones a normas básicas de seguridad, circulación y estacionamiento. Se trata de grupos de poder con una capacidad enorme de chantaje y regateo, con los cuales no puede ni el “Superior Gobierno”.

Pero existe, además, un mecanismo estructuralmente perverso respecto del puesto de Jefe de Amet, el cual  recibe sueldo e ingresos muy superiores a cargos equivalentes de la Policía y las FFAA. Originando que oficiales superiores aspiren al cargo, para así poder ser pensionados con mejores condiciones que si lo fuesen en circunstancias normales.

Esto genera conflictos internos y conlleva a que intervengan factores de poder extra-institucionales que debilitan la autoridad de la jefatura policial, creando aislamiento de poder (independientemente de la disciplina y prudencia de los oficiales involucrados). También provoca que algunos oficiales que van a la dirección de AMET no necesariamente tengan la experiencia específica sobre circulación vial, ni la vocación para fajarse con el desastre existente.

El resultado suele ser: falta de planes, acciones incoherentes, arbitrarias, selectivas, aleatorias y discrecionales, tanto de jefes como de subalternos quienes, al carecer de instrucciones programáticas, deciden cada cual a qué dedicar su tiempo, qué sancionar y qué permitir; estar donde no deben, no estando donde deberían.

Especialmente en intersecciones en las cuales, cuando hay un tapón, ya sabe uno que hay un Amet… “dirigiéndolo”.  Gracias a Dios y al general Sanz Jiminián, desde ayer hay una disposición de retirar los agentes de los semáforos. ¡Enhorabuena!