Es conveniente hacer un análisis de las 456 propuestas presentadas por decenas de instituciones y organizaciones nacionales, especialmente empresariales y  políticas, aunque también sindicales y sociales, para entender por qué los dominicanos nos aferramos al diálogo por más que los políticos han hecho todo el esfuerzo por desacreditarlo dando la espalda a tantos acuerdos, consensos y pactos de las dos últimas décadas.

De entrada hay que advertir que tomaría muchos meses la discusión y el logro de acuerdos sobre esas propuestas, asumiendo que en cada mesa de trabajo haya cincuenta participantes y que muchos estén dispuestos a intervenir activamente. Eso toca más a las mesas de Economía y Competitividad, Política Social y Empleo y a la de Consolidación Institucional que tendrán que enfrentarse con 135, 108 y 70 propuestas respectivamente.

Pero no vayan a creer que esas 456 propuestas son todas de un solo aspecto y simples. Muchas de ellas reclaman nuevas leyes, por ejemplo, la de partidos políticos y sistema de financiación de los mismos. Si lo que quiere el Partido Reformista Social Cristiano es que la Cumbre diga que es necesaria, no se estará adelantando mucho, puesto que ese es un grito generalizado de los últimos diez años, tanto que tres veces los partidos e instituciones estatales y sociales han llegado a repetidos consensos sobre el particular y el proyecto ha sido sometido cuatro veces al Congreso, pero no lo aprueban.

Otro ejemplo es la propuesta de la Junta Agroempresarial Dominicana que pide adoptar una política de exención fiscal que incluya el anticipo del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre los activos, la retención de impuesto sobre la renta en los pagos del  Estado, así como los impuestos arancelarios, del Itebis, y otros derechos y cargas a las importaciones de maquinarias y equipos. También exención de la depreciación acelerada para la adquisición de equipos y reembolso del impuesto selectivo al consumo del gasoil establecido en la ley 495-06.

Sólo un análisis consciente de esa propuesta  tomaría una de las 4 sesiones previstas para la primera etapa de la Cumbre, referida a los aspectos coyunturales para enfrentar la crisis económica, en la mesa de Economía y Competitividad. A menos que la despachen con un simple no es posible y pasen a la siguiente. En tal caso las frustraciones serán mayores que los logros de la Cumbre. 

En la mesa de Consolidación Institucional hay múltiples propuestas referidas a la reforma constitucional, que para consensuarlas habría que agotar sólo en ellas las 4 sesiones previstas para antes del 27 de febrero, porque en la segunda etapa del diálogo ya se habrá aprobado el proyecto de nueva Constitución.

Por ejemplo el listado de esa comisión está encabezado por una propuesta de la FINJUS  para “Dotar de naturaleza constitucional el rol de la Cámara de Cuentas, y para que el mismo se constituya en un mecanismo de control de un poder sobre otro, se precisa que sus integrantes sean elegidos por el Senado de ternas elaboradas por la Cámara de Diputados, y que sean 5 en vez de 9.”

Ese y otros muchos ejemplos fundamentan el planteamiento de algunas instituciones de que si se quiere cifrar esperanzas en un diálogo serio, cuyas resoluciones sean cumplidas, no se puede aprobar una nueva Constitución hasta que concluya la cumbre, lo que está previsto para fines de mayo. 

Hay muchas personas serias y preocupadas en todo tipo de instituciones que no han entendido que para evitar más frustraciones que las  acumuladas en  acuerdos no cumplidos, es preciso condicionar desde el primer momento los alcances y metodología del diálogo, para que no sea usado como simple entretenimiento, desviación de la atención o para ganar tiempo a cambio de nuevas promesas. 

Pero la necesidad de diálogo es grande, sobre todo en quienes  tienen más que perder y comprenden la urgencia de enderezar el curso de la nación para evitar males mayores, como desestabilidad económica, estallidos de ingobernabilidad, violencia y multiplicación de la delincuencia.

Debe llamar la atención la cantidad de propuestas que piden el simple cumplimiento de leyes  aprobadas, predominando las que  previenen  la corrupción, la de compras, contrataciones y concesiones del Estado y  declaración jurada de bienes.