A lo largo de su historia, la República Dominicana acumuló grandes y profundos retrasos que han obstaculizado su desarrollo como país.

Desde hace décadas tenemos una situación de demandas y reclamos que agudizan los conflictos sociales, ya empujados por el esquema de desigualdad social, ese telón de fondo que, desde que en el siglo XV fuimos colonizados por la más atrasada de las metrópolis imperiales, describe Bosch, ha pasmado nuestro desarrollo.

Hoy tenemos la oportunidad de hacer un alto en esa historia de rezagos, y de dar un salto en nuestro desarrollo cualitativo y cuantitativo.

Esa oportunidad se origina en que tenemos un presidente de la República, Luis Abinader proponiendo concertar un conjunto de reformas para relanzar al país en el interés de “las próximas generaciones, y no de las próximas elecciones”, ya que cumplido un segundo mandato se apartará del poder del Estado y seguirá en su vida privada como un ciudadano común.

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Hay un amplio consenso de que vivimos un tiempo oportuno y necesario para atacar todos los retrasos acumulados, entre ellos organizar unas finanzas públicas robustas, poner a funcionar el estado de manera eficiente e institucional y hacer efectivos los servicios públicos a que tienen derecho los dominicanos en la sociedad moderna.

¿Por dónde empezar? La planificación estratégica situacional recomienda priorizar la solución de los problemas de mayor transversalidad, los que más afectan al resto de factores disfuncionales.

Los datos de la realidad indican que el tema que más ha incidido negativamente en la economía, la gobernabilidad social y política, la desigualdad, el orden público, el debido funcionamiento de los poderes estatales, los retrasos estructurales y la incapacidad de articular un proyecto de nación, ha sido la falta de institucionalidad, el incumplimiento de la normativa ordenadora de la vida ciudadana.

Y ese incumplimiento tiene su origen macro en las interrupciones de la vida institucional, el continuismo en el poder de mandatarios violadores de la norma constitucional, para beneficiarse, y los desafueros perpetrados para dar rienda suelta a su ambición ilimitada de poder, y por otro lado la vinculante debilidad del cumplimiento de las leyes.

Por eso ha lugar empezar por poner la casa en orden con un sistema democrático estable y de persecución del delito que nos libre de sobresaltos, para seguir con los otros compartimentos del conjunto, como propone el presidente Abinader.

Ponerle un punto final a la ambición continuista aún latente, cual demuestran las reformas constitucionales tan cercanas como las de 2002, 2010 y 2015, y acometer la consolidación del ministerio Público son pasos indispensables al fortalecimiento institucional y a la vida ordinaria del país.

El azaroso colapso de la organización de la sociedad dominicana en su ordenamiento institucional y los servicios que debe prestar a sus ciudadanos está indeleblemente escrita en lo espasmos políticos de las elecciones de los últimos 50 años.

Ocurrió en 1970, 1974, 1978, 1986, 1990, 1994, 1996, y con el posterior secuestro de los poderes de arbitraje, estabilidad normativa y control social y político (Suprema Corte de Justicia, Junta Central y Tribunal Superior Electoral, por ejemplo) que terminó con el colapso de las elecciones municipales de 2020.

Por todo ello para hacer frente de manera oportuna y eficiente a todos los rezagos acumulados debemos empezar por los aspectos institucionales, de fondo, constitucionales, los que sirven de valladar a todas las otras violaciones.