Por qué quiero ser senador

Por qué quiero ser senador

EDUARDO JORGE PRATS
Mucha gente me para en la calle y me pregunta por qué aspiro a ser senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD). Al principio me sorprendía la pregunta pero, con el paso de los días, he comprendido que hay mucho escepticismo y desencanto con la política y los políticos tradicionales, por lo que quien aprecia a un amigo se preocupa si este se mete en política. De todos modos, creo que es bueno que aproveche esta columna para decirle a quienes me leen –que no necesariamente simpatizan con mi candidatura– y a mis amigos el porqué de esta importante decisión en mi vida.

He aceptado la propuesta de mi partido y, en particular, de su presidente, el licenciado Hatuey Decamps, porque creo que es una oportunidad que se me ofrece como ciudadano y como persona involucrada en las grandes luchas públicas de los últimos 15 años de aportar a la solución de los problemas nacionales, desde una curul en el Senado y como representante de un partido innovador y coherente con los principios que le sirven de sustento y que no quiere repetir los vicios tradicionales de la política dominicana. La experiencia me ha demostrado que muchas veces no basta con el trabajo como profesor universitario, como consultor privado o del Estado, como asesor de las organizaciones no gubernamentales, como comunicador, para poder plasmar una serie de reformas institucionales y legales necesarias. En algún momento hay que arremangarse la camisa y lanzarse al ruedo difícil y tortuoso de la arena pública.

La agenda de trabajo de lo que quiero hacer como senador del PRSD se encuentra en la Declaración de Principios del partido y en lo que ha sido mi trabajo público y profesional de los últimos años. De lo que se trata es de conectar las necesidades del Estado democrático, del Estado de Derecho, del Estado Social y del Estado regulador, para lograr un país más avanzado, más justo, más seguro y más institucional. Esa agenda pasa necesariamente por la elaboración y aprobación de una serie de proyectos: una Ley de Procedimiento Administrativo y Jurisdicción Contencioso-Administrativa que lleve al Estado a su propia legalidad; una Ley de Procedimiento Constitucional que consolide la justicia constitucional y la tutela de los derechos fundamentales; una Ley de Seguridad Ciudadana que permita la lucha contra la delincuencia y brinde seguridad a las personas; una Ley General de Prestaciones Sociales que elimine el clientelismo y legalice formalmente la acción social del Estado respecto a los titulares de los derechos sociales fundamentales (salud, educación, vivienda, asistencia social, etc.); una Ley de Participación Ciudadana que amplíe los espacios de participación de la gente en los asuntos públicos a nivel municipal, legislativo y de la Administración Pública; y, finalmente, una Ley Anti-Discriminación que proteja efectivamente a los sectores sociales históricamente discriminados mediante acciones afirmativas que hagan realidad el mandato constitucional de la igualdad.

Pero, más allá de esta labor legislativa, el Senado implica un rol contralor de los demás poderes. Por eso quiero contribuir a la fiscalización de la Administración y a que los presupuestos apoyen la acción social del Estado y el compromiso de la República Dominicana al suscribir el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Cullturales y en donde se comprometió a dedicar “hasta el máximo de los recursos disponibles” para la satisfacción de los derechos sociales. Como bien nos recuerda el Informe Nacional del PNUD, no hay que crecer más para distribuir más justamente la riqueza. Tampoco hay que crear más impuestos para la inversión social: debemos racionalizar y reorientar el gasto público en base a los actuales ingresos del Estado. Más aún, no podremos crecer más como economía sin una mayor inversión social que proteja el activo más importante de una nación: sus recursos humanos.

Quiero ser, pues, vocero en el Congreso de una nueva conciencia nacional dispuesta a realizar las reformas legales e institucionales pendientes e impostergables y que asegurarán que el país pueda realmente competir exitosamente en un mundo globalizado. De esa manera contribuyo a hacer realidad el ideario socialdemócrata y, sobre todo, aporto al desarrollo y gobernabilidad del país que soñaron los padres de la patria.

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