POR TAHIRA VARGAS
El paso de la tormenta Noel por nuestro país ha visibilizado parcialmente algunas de las precarias condiciones en que vive la otra sociedad dominicana, la que no aparece frecuentemente en los periódicos o en las revistas de vida social o que sólo se reseña cuando hay una protesta, un fenómeno de violencia o un desastre.

Ese otro lado de la sociedad dominicana que representa la gran mayoría tiene una lógica de vida muy distinta  de la que predomina en los estratos medios y altos o en las formulaciones de políticas públicas pensadas para una sociedad informada e informatizada desde donde esta gran mayoría queda excluida. 

En esa otra sociedad dominicana las personas no tienen recursos económicos suficientes para transportarse en el “futuro metro” ni tampoco tienen dinero para comprar un solar para construir una vivienda, comprar una vivienda construida o alquilar una vivienda en un lugar seguro. Los altos costos de la vivienda y de los solares en nuestro país son prohibitivos para los estratos medios, más aún para los estratos pobres y muy pobres.

El mejoramiento de las condiciones de la vivienda en República Dominicana debe ser a partir de ahora un tema de  prioridad en las políticas públicas. La ausencia de una política de vivienda dirigida a los grupos más vulnerables así como de ordenamiento territorial del suelo urbano como plantea César Pérez en un artículo reciente, son de las grandes debilidades  y vacíos que se develan ante el drama de la tormenta Noel. 

Construir una vivienda tiene un costo, aun cuando esta sea de techo de zinc, de paredes de madera o con latón y cartón y piso de tierra (luego se hace el piso de cemento si se puede) como se construye la mayoría de las viviendas en el país. Las personas que viven en las orillas de los ríos han hecho un gran esfuerzo por construir una vivienda en malas condiciones (para nosotros) pero que es una vivienda propia que tiene un gran valor para estas personas. El bajo costo de los terrenos en zonas de riesgo convierte estos terrenos en el único lugar accesible para las personas que emigran continuamente de los campos del país.

Otra de las razones de la construcción de viviendas en zonas de riesgo es la ubicación geográfica de estos barrios que están en las riberas de los ríos o que tienen cañadas con terrenos aún baldíos donde se puede construir. La ubicación geográfica de estos barrios permite a sus residentes no tener que pagar transporte porque permite acceso rápido a: mercados, hospitales, escuelas, liceos, avenidas y lugares de ubicación de productos y servicios del sector informal.

La ubicación de la vivienda tiene mucho peso para l@s morador@s porque el proceso de asentamiento en estas zonas no es individual ni aislado, es parte de una red social de migrantes de campos que va estableciendo un tejido social que ofrece apoyo y solidaridad en las necesidades y calamidades.

El desalojo se convierte así en un hecho traumático si no se acompaña de una visión amplia de la trama social de la vivienda y se toman en cuenta todos los factores de arraigo que trae consigo. Muchos desalojos han sido infructuosos por la falta de una visión del contexto social y cultural en que viven l@s morador@s de estas zonas porque generan una desarticulación de l@s morador@s de: su tejido social, sus redes de apoyo y servicios, el acceso a fuentes de ingreso por la ubicación de la vivienda, cercanía a los servicios principales como son: los mercados, las escuelas y liceos, los hospitales y su desarraigo social y cultural.

El planteamiento de las políticas públicas dirigidas al reordenamiento urbano del uso de suelo y del desarrollo de políticas de viviendas para los sectores pobres es parte de una vieja discusión. Muchas propuestas  desde distintas instituciones y Ong´s se elaboraron desde finales de los 80 hasta la actualidad. Podemos mencionar algunas como Ciudad Alternativa y Foro Urbano, entre muchas otras.

Es lamentable que hayan pasado los años y a pesar de la formulación de propuestas de intervención urbana en este sentido no se ha logrado una política urbana y de viviendas dirigidas a los sectores más pobres y a los barrios urbano-marginales de impacto en el ámbito nacional.

Frenar los asentamientos humanos en la ribera de los ríos y cañadas no se logra sólo con políticas de vivienda y uso de suelo, supone también una intervención directa en el mejoramiento social y económico de las condiciones del campo que suponen inversión en la agricultura y ganadería así como creación de fuentes de empleo. Mientras la emigración campo-ciudad sea una salida para la pohreza y las precariedades en que se viven en la zona rural, las riberas de los ríos y cañadas serán invadidas por l@s campesin@s que buscan una mejoría de sus condiciones de vida.