Siempre he dicho, basado en la experiencia, que los temas urbanos y municipales parecen ocupar el “puntos varios” o marginal en las agendas de nuestra clase política. Eso explica, en parte, la insistencia de muchos en unir/ reburujar las elecciones municipales con las presidenciales, sin reflexionar a profundidad que el tema del poder local se convirtió en un nuevo paradigma de desarrollo económico. Abruma, por tanto, que idea de unificar esas elecciones pensando en débil argumento de que así tendríamos un “tranquilo” discurrir de la cotidianidad y de la economía, equívoco éste compartido por sectores del mundo de las ciencias sociales, la academia y de los medios de comunicación.

Eso me obliga volver sobre el tema, sirviéndome de un artículo publicado antes de las elecciones del pasado mes de febrero para esta vez rebatir la idea de que: “Unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, parlamentarias de organismos internacionales y municipales es apropiado (para) consolidar constitucionalmente el ejercicio democrático”. No existe una fundamentación sustantiva de ese aserto. Quienes sostenemos que esa unificación no tiene como base lo esencial, además de las razones expuestas en el artículo de la semana pasada, nos basamos en que “revolución industrial cambió las relaciones campo/ciudad/regiones y países, las instituciones políticas, las relaciones interpersonales y familiares, forzó la separación entre hogar y lugar de trabajo”, Michell 2022.).

Y, por consiguiente, en que esa revolución cambió radicalmente las relaciones entre lo nacional, lo local y lo global. Lo cual nos obliga a repensar el papel del territorio en los sistemas políticos. En el nuestro, signado por una atávica tradición cultural centralista/presidencialista, lejos de “consolidar constitucionalmente el ejercicio democrático”, la unificación de las elecciones municipales con las presidenciales acentuaría esa cultura e invisibilizaría aún más el tema municipal. Seguiría siendo, por tanto, puntos varios en la agenda de los partidos, algo totalmente contrario a lo que sucede en casi todos los países en los que las elecciones para ejercicio de soberanía, nacional o local se hacen de manera separadas. Eso está claramente consignadas en las agendas partidarias, con acuerdos sobre controles de tiempo y gastos de campaña.

Hay que recordar que la emergencia del tema local coincidió con el siglo de la tercera generación de los derechos humanos: el de la ciudadanía, vale decir, el derecho al acceso bienes, servicios, pertenencia e identidad con el lugar. Por eso se dice que la local es una suerte sociedad particular en medio de la sociedad total. Esa sociedad particular, en términos políticos, tiene una lógica que la distingue de la general y requiere un tratamiento político específico. Esa fue la visión Peña Gómez sobre el papel de lo local para la democratización del país que determinó que, entre sus propuestas de reformas en la Constitución del 1994, se incluyera la separación de las elecciones municipales de las generales. Así se hizo, pero esa reforma fue borrada en la del 2010 como acto de contrarreforma. Un lastre

En ese tenor, llama la atención que entre las reformas enviadas al Congreso por el Ejecutivo se incluya una que, de hecho, valida esa contrarreforma. Es andar contrario a lo que acontece en el mundo, donde de más en más los territorios se interconectan y donde las economías locales interconectadas se convierten en los dínamos claves para el desarrollo nacional en una perspectiva global. Esa reposición del territorio como ente fundamental del desarrollo demanda una gestión con autoridades debidamente formadas, con una clara visión de la articulación de lo local con lo nacional y lo global. Reburujar las elecciones municipales con las presidenciales no se corresponde con una esa visión e impulsar esa idea argumentando costo económico es no ir al tema de fondo.

Hay quienes dicen que una parte del sector empresarial prefiere la unificación de las elecciones porque de ese modo disminuirían su contribución monetaria a los partidos y sus candidatos. A parte del carácter espurio del razonamiento, esa práctica constituye uno de los lastres del sistema, expresa una visión miope del significado de la cuestión local, es no entender que una buena gestión municipal, de la ciudad, es la mejor forma de contribuir al desarrollo del mercado, escoger esos gestores bajo la sombra del candidato presidencial limita las potencialidades de ese mercado. Los déficits que tenemos en la gerencia municipal no sólo restringen la economía, sino la cotidianidad ciudadana. Habría pues que preguntarse cuánto le cuesta ese déficit al sector privado y cuánto le cuesta al país.

Finalmente, en un proceso de reformas que busque el fortalecimiento institucional el tema municipal es de primera importancia, pero la forma y contenido en que este ésta planteado en el paquete de reformas enviado al Congreso es contraproducente y, desafortunadamente, ratifica la contrarreforma municipal de la Constitución del 2010. El país requiere que su sostenido crecimiento económico se corresponda con una práctica municipal realmente democrática. Una separación de las elecciones municipales cada cuatro años y dos antes de las generales, como se hace en la generalidad de los países, con una seria limitación del periodo y de los recursos usados en la campaña, contribuiría al logro de ese objetivo.

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