Los partidos del sistema, que han obstaculizado por más de una década el fortalecimiento de la democracia al bloquear los proyectos de leyes de partidos y electoral, pretenden ahora que la Junta Central Electoral (JCE) falte al mandato del artículo 81 de la Constitución, que ordena la redistribución de los diputados en función de la densidad poblacional. Por fortuna, la institucionalidad democrática gana esta vez la partida gracias a una decisión unánime del pleno del tribunal electoral.

Es decepcionante que los partidos del sistema pidan el aplazamiento de decisiones que son mandato constitucional. Que nuevamente hayan asumido reacción en bloque, tratando de presionar a la Junta con esa pretensión, es una muestra de indeseable coherencia en cuanto a tratar de minimizar los méritos que corresponden a los fundamentos de la institucionalidad democrática. Es absurdo que aboguen por pasar por alto el mandato de la Constitución aprobada por ellos mismos.

La JCE hace bien en rechazar las aspiraciones de los partidos, de que se aplace hasta el 2020 la aplicación del mandato del artículo 81 de la Constitución. Por fortuna, el voto unánime del Pleno del tribunal electoral en el sentido que manda la Carta, elimina toda posibilidad de cambiar esa resolución. Que la Junta ejerza su función con absoluta independencia y sin ceder a presiones.

El corto alcance del progreso

El crecimiento sostenido del PIB que ha mantenido el país por más de un decenio ha debido impulsar desarrollo humano, pero cifras oficiales describen un panorama social de grave inequidad. La Tesorería de la Seguridad Social (TSS) consigna en sus estadísticas del primer semestre de este año, que el 81% de los cotizantes del sistema gana menos de RD$25 mil, que el 45.4% devenga por debajo de los RD$10 mil, y que nada menos que el 94.8% de esa fuerza laboral pertenece a las mipymes, el sector que más emplea y menos aporta al PIB.

Los datos no solo justifican el reclamo de alza general de salarios, sino que deberían convocar a los mentores de políticas sociales y económicas a redefinir las estrategias de desarrollo, de modo que haya una distribución más equitativa, justa y competitiva de la bonanza económica.