Con la promesa de que no se sustraerán del proceso y de que acudirían ante cualquier requerimiento que le haga el Tribunal, los diez imputados en el caso Odebrecht concluyeron solicitando a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dejarlos en libertad pura y simple, o imponerles una medida de coerción menos gravosa que la prisión o el arresto domiciliario.
Los últimos en ser escuchados en la audiencia donde se conocieron los recursos de apelación que sometieron contra la Resolución 47/2017, mediante la cual el juez de la instrucción especial de la SCJ, Francisco Ortega, les impuso diferentes medidas de coerción al grupo, fueron Conrado Pittaluga, Ángel Rondón, César Sánchez y Radhamés Segura.
Sostienen inocencia. Al margen de las alegadas violaciones a la Constitución, a la norma procesal penal, y a precedentes del Tribunal Constitucional que le son vinculantes a la resolución de marras, los imputados sustentaron su pedimento al tribunal sosteniendo su inocencia de los cargos que les imputa el Ministerio Público.
Una infamia. César Sánchez, quien el martes sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) y será intervenido quirúrgicamente la próxima semana, dijo a los jueces que le hubiera gustado que su cuerpo tuviera la suficiente condición y fortaleza para haber recibido la infamia que le han impuesto.
“Yo le solicité al juez Ortega que me devolviera mi nombre, y ahora yo les voy a decir a ustedes que me ayuden a devolverme mi salud; que yo estoy dispuesto y siempre lo estuve, de recuperar mi salud como debe de ser, yo voy a atender todos los llamados del Ministerio Público que me solicite sin ningún problema. Yo sólo tengo a mi esposa que está aquí presente en este salón, mi pasaporte, y la casita que tenemos de seis millones de pesos, y ella me dijo que podía autorizar que los ponga como garantía a ustedes de que yo voy a permanecer en el país”, dijo a los jueces.
Hasta las últimas consecuencias. Ra- dhamés Segura, quien también padece de una “enfermedad delicada” que dijo, ha evolucionado satisfactoriamente, afirmó ser el más interesado en que este proceso llegue hasta las últimas consecuencias para demostrar su inocencia frente a Dios y al país.
Aclaró que está solicitando su libertad pura y simple, no por razones de salud, sino fundamentalmente, porque es inocente.

“La pido porque no he hecho nada malo ni he cometido ningún acto de corrupción, y por lo tanto tengo derecho, como cualquier dominicano, a exigir mi libertad. Mi hoja de servicio frente al país, en defensa del interés nacional, pone de manifiesto que eso es lo que yo he hecho siempre; es cierto lo de mi enfermedad, pero también es cierto que mi libertad se debe fundamentalmente a que yo soy inocente”, subrayó.
Mala “delación”. Ángel Rondón también pidió un turno para asegurar ante los jueces que todas las personas que estaban en el tribunal por el caso Odebrecht “es producto de la mala delación de la correlación de hechos en República Dominicana”.

Dijo que no iba a negar lo que él hizo en Brasil, “porque allá lo que pasó es que cada imputado lo sentaron ahí, y usted tiene que decir lo que yo quiero”.

Reiteró que en 16 años recibió US$83 millones como honorarios de parte de Odebrecht, y dijo que jamás ha hablado o admitido ante el procurador general que recibió US$92 millones por concepto de sobornos.

“Si alguno de los exlegisladores o exfuncionarios que están aquí dice que yo le he entregado un peso para obtener un proyecto, que se paren y pasen al frente y se lo confirmen a ustedes”, retó.

Como garantía de que si le dan la libertad él no se sustraerá del proceso, Rondón recordó que cuando se destapó el caso de Odebrecht en el país, él estaba con su familia en los Estados Unidos, donde la dejó para él regresar aquí y ponerse a disposición de las autoridades.
“He acudido a la Procuraduría tantas veces formal e informalmente me han requerido la Procuraduría y los fiscales, y estoy en disposición de seguir viniendo a este tribunal cuantas veces quieran”, puntualizó.
La misma promesa de asistir a todos los requerimientos hizo Conrado Pittaluga, así como los otros seis imputados escuchados el jueves.