La Cámara de Diputados  declaró de urgencia y aprobó en dos sesiones consecutivas el proyecto de modificación al Código Procesal Penal,  que perimió en la pasada legislatura, por lo que tuvo que ser reintroducido nuevamente. Los legisladores acogieron a unanimidad más de 40 modificaciones planteadas en el informe favorable rendido por la comisión de Justicia, que preside  Demóstenes Martínez.

Ahora la iniciativa pasa al Senado para su confirmación o modificación. La sesión fue presidida por la  vicepresidenta del bufete directivo Lucía Medina Sánchez. Votaron a favor los  111 diputados presentes en el hemiciclo. Dentro de las modificaciones figuran el hecho de llevar a acción pública los golpes y heridas provocados en ocasión de violencia intrafamiliar.

Se eleva a tres años el máximo de la pena imponible de privación de libertad  para aplicar el criterio de oportunidad por parte del Ministerio Público. El artículo 86 reconoce el derecho al querellante de disponer de un número de abogados igual al que tenga el imputado, nunca excediendo de tres. Además,  reconoce el derecho del querellante a solicitar la declaración en rebeldía del imputado y al tercero civilmente demandado por ante la jurisdicción civil.