El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, toca un punto muy sensible de las preocupaciones que abaten a esta sociedad, al afirmar que hay un vínculo directo entre la violencia y la corrupción y advertir que sin seguridad ciudadana no es posible la seguridad jurídica.

Su punto de vista necesariamente nos conduce a escudriñar el desempeño de instancias que deberían estar más profundamente comprometidas con lo que atañe a seguridad ciudadana, persecución del delito y el crimen, castigo judicial de las infracciones y supresión total de la impunidad que parece rodear los actos de corrupción, públicos y privados.

Su parecer nos conduce necesariamente a criticar el hecho de que en el ámbito de la persecución de actos reñidos con la ley se ha hecho muy frecuente que la ejecución de sospechosos usurpe el papel de la investigación, neutralizando así la función de la Justicia. Esos mismos procedimientos obligan a cuestionar el desempeño del Ministerio Público, cuya inercia no es rota por estas supresiones de vidas humanas jamás investigadas.

–II–

El hecho de que la delincuencia reduzca de manera alarmante la seguridad ciudadana puede ser asimilado como parte de la descomposición social predominante. Lo escandaloso es que los organismos represivos, con sus procedimientos, empeoran las condiciones de la seguridad ciudadana, no garantizan merma del auge delictivo y revelan un deterioro institucional preocupante.

En esas circunstancias, no se garantiza la seguridad ciudadana y, por tanto, tampoco se crean las condiciones para el afianzamiento de un estado de seguridad jurídica aceptable.

Pero también en el ámbito judicial parece haber un desempeño que no armoniza con la necesidad de hacer valer los preceptos legales y los procedimientos que deben conducir a la consumación de cada proceso. Hay quienes entienden que hay cierta «flojera» y que los delincuentes obtienen la libertad con mayor facilidad que la que prevén las leyes. Esta percepción, sin duda, abona la inseguridad ciudadana y, suponemos, envalentona a quienes delinquen.

-III–

En resumidas cuentas, todas estas fallas, unas de manera ostensible y otras por sospecha legítima, están salpicadas de algún tipo de corrupción, si se entiende que tan corrupta es la comisión como la omisión cuando, en cualquiera de ambos casos, se trastorna la ruta fatal de los procedimientos o se los suplanta con acciones que sustituyen los medios idóneos para castigar las violaciones de la ley.

La percepción del presidente de la Suprema Corte de Justicia debe mover a profundas reflexiones de la sociedad, pero, sobre todo, de aquellas instancias del Estado que tienen el compromiso de velar por la preservación de la seguridad ciudadana y hacer valedero el estado de seguridad jurídica.

Sin inmolaciones innecesarias, sin pretender el suicidio de la autoridad, hay que variar los procedimientos de represión y propiciar que los casos tengan el decurso judicial correspondiente, para que pueda haber garantía de seguridad para los ciudadanos como condición inevitable para la vigencia de la seguridad jurídica.