Hoy 
Sería difícil encontrar renglones de la economía cuyos costos estén libres de la influencia de los precios de los combustibles.
En otros términos, sería difícil concebir un índice de inflación que no esté altamente influido por los efectos de los precios de los combustibles.
Fue Joaquín Balaguer quien en la década del 70 puso en práctica un esquema fiscal caprichoso y abusivo para aplicarlo a los combustibles, con la supuesta finalidad de hacerle frente a los altos precios internacionales del petróleo.
Y aunque su decisión de imponer un denominado Diferencial del petróleo fue rabiosamente denunciada y combatida por partidos como el Revolucionario Dominicano y el de la Liberación Dominicana, ambas organizaciones, las veces que han ejercido el poder, apuntalaron y hasta agravaron esa aberración fiscal sobre los combustibles.
Para ambas organizaciones, las cargas fiscales sobre los hidrocarburos fueron un arma oportuna desde la oposición. En cambio, una vea en el poder, fue otro gallo el que cantó.
II
El efecto inflacionario de la presión fiscal sobre los hidrocarburos ha sido traumático para los consumidores.
Las cargas impositivas han inducido inflación en las tarifas de transporte de pasajeros y acarreo de carga, así como en los precios de todos los bienes y servicios habidos y por haber.
En el caso de la energía eléctrica, por ejemplo, los precios de los hidrocarburos determinan una alta proporción de la tarifa por suministro.
Los costos del transporte y la electricidad, como componentes de los costos industriales y comerciales, imponen una múltiple tributación que es uno de los factores inflacionarios más influyentes en nuestra economía, y la mayor penalización por esta causa recae en los consumidores y usuarios de bienes y servicios.
Es casi seguro que en la economía nuestra no existe ningún otro factor inflacionario de la magnitud y los perjuicios que el régimen fiscal aplicado a los derivados del petróleo.
III
Algo que llama poderosamente la atención es que el Gobierno ha sido capaz de escuchar los reclamos de algunos sectores, como es el caso de los productores de bebidas alcohólicas y cigarrillos, y se haya comprometido a hacer desmontes en la estructura tributaria aplicada a esos renglones, y que en cambio mantenga una posición inflexible cuando se le reclama un desmonte en las cargas fiscales de los derivados del petróleo.
Se trata de una tozudez no exclusiva del presente Gobierno y el partido que lo sustenta, sino que ha sido un patrón de conducta que se ha mantenido invariable desde que fue instaurado el esquema impositivo vigente para los derivados del petróleo.
Creemos que ha llegado el momento de cambiar de actitud y emprender un riguroso análisis de los efectos inflacionarios y perjudiciales para el desarrollo que se derivan de la presión tributaria sobre los combustibles.
No hay manera de justificar el mantenimiento sobre los hidrocarburos de un esquema impositivo que perjudica de manera brutal a todos los dominicanos, y que en último caso solo beneficia las relaciones del Gobierno con sus acreedores internacionales.
