El caso de la presa de Monte Grande obliga a que se haga un ejercicio de transparencia. El doctor Marino Vinicio Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Ética, ha afirmado que la empresa que ganó la licitación para  construir la obra  ha sobrevaluado los costos que presentó en principio, cuando se intentó otorgarle la obra grado a grado. Proviniendo de la fuente que proviene, esta denuncia no puede ser pasada por alto. La dirección del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y los responsables de la compañía brasileña Andrade Gutiérrez están en el deber de poner sobre la mesa todos los detalles relacionados con el caso. Las denuncias del doctor Castillo constituyen  un cuestionamiento muy grave sobre la forma en que se ha manejado esta contratación.

Por lo pronto hay que poner  en claro por qué los costos presentados para los diseños y obras conexas de la hidroeléctrica ascienden, después de la licitación, a una suma que sobrepasa con mucho la que costarían cuando se pretendía otorgar la obra grado a grado. La autoridad competente está en el deber de desentrañar todos los puntos oscuros en este asunto, incluyendo los procedimientos aplicados en el momento de la licitación. Procede que una auditoría diga la última palabra en relación con esta denuncia. La Comisión Nacional de Ética está facultada para poner el caso en las manos que corresponda.

El valor de las reglas de juego

En un país que haga respetar las garantías jurídicas que protegen la inversión, no debería ocurrir que inversionistas sientan temor a ser perjudicados por cambios inusitados de las reglas que inicialmente autorizaron una obra. La Asociación de Inversionistas y Constructores de Los Cacicazgos ha denunciado que teme que la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional modifique los términos de la autorización que le otorgara para construir edificios multinivel en esa zona, reduciendo a la mitad el número de pisos, lo que les acarrearía pérdidas millonarias.

No parece apropiado que las reglas mediante las cuales se autoriza una inversión sean modificadas después que esa autorización ha motorizado inversión económica y obras. En todo caso, los criterios debieron ser fijados al momento de la concesión del permiso y no después. El ADN haría bien en disipar estos temores, para bien del flujo de inversiones que tanto necesitamos.