La desaparición del bloque comunista europeo, y de la Unión Soviética como segunda superpotencia mundial, transformó el tablero político del mundo actual. La hegemonía unipolar del capitalismo norteamericano está obligando a las otras naciones desarrolladas y subdesarrolladas a organizarse en bloques regionales, y a buscar un modelo socioeconómico que les permita su desarrollo sin traumas.
El líder perredeísta José Francisco Peña Gómez previó la necesidad de guiar su partido a partir de principios socialdemócratas bien definidos, para contrarrestar el efecto demoledor de las medidas económicas de ajuste sobre las clases desposeídas, de suerte que éstas lo identifiquen como su más valioso activo político.
La Social Democracia como plataforma sustantiva del PRD es garantía de la implementación de una política coherente, orquestada para conjugar los intereses de los diferentes grupos sociales, particularmente los de las grandes mayorías, acorde con el desarrollo de la producción y el equilibrio macroeconómico.
En este marco, las condiciones de crecimiento de las ciudades, con la consecuente reducción de la población rural, obliga a la redefinición de la gobernabilidad.
Ha quedado evidenciada la necesidad de delegar el manejo de los problemas municipales a las autoridades municipales, dentro de parámetros legales que garanticen los dos objetivos primordiales de una gestión municipal: la legitimidad y la eficiencia.
La tecnología ha globalizado las comunicaciones, las sociedades y la economía, lo que ha generado retos a los gobiernos por el desempleo, por reemplazo de la mano de obra, y en consecuencia la concentración económica en determinados sectores de la sociedad, generando, la exclusión social, y la desigualdad social.
Los líderes social demócratas plantean la necesidad de ampliar los conceptos sustantivos de la democracia, al orientarla hacia una Democracia Participativa, en busca de conciliar libertad, igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida para todos.
La democracia participativa debe estar articulada por tres ejes que garanticen su éxito la transparencia, la descentralización y la gobernabilidad.
La transparencia es un derecho de todo ciudadano, por lo que el Estado debe la libre utilización de la información, lo cual reduce la posibilidad de fraudes y corrupción, convirtiéndola en recurso optimizador; la descentralización, que garantiza una mejor gestión administrativa, en razón de que nadie conoce mejor los problemas municipales y los de las comunidades menores que sus propios dirigentes, al tiempo que reduce los costos de las acciones, con personal y suministros locales. Esta tiene su correlato en la desconcentración, o transferencia por delegación de las atribuciones del gobierno central a las autoridades regionales y provinciales del país, para que trabajen conjuntamente con los municipios. Y la gobernabilidad por la integración de todos por medio de la información, el ejercicio de sus derechos y su libre accionar.
El conjunto de estos elementos nos permitirá establecer una verdadera democracia participativa. Sin embargo, ésto implica generar un profundo cambio en la cultura social dominicana, que requiere también una labor permanente de educación general y política.