Las elecciones presidenciales de la República Dominicana son como una puerta de esperanza para millones de ciudadanos y ciudadanas que esperan un cambio, profundo o superficial, en las condiciones de vida. Siempre ha sido así, por lo menos desde 1962 a la fecha.

Me imagino que también en países similares al nuestro, como en el resto de América Latina y en el Caribe de habla española, la elección de un nuevo jefe del Estado es similar a la aparición de un nuevo año. La esperanza, el optimismo, las expectativas positivas renacen. Porque esta américa nuestra continúa siendo una tierra emocional y mágica, donde su gente se levanta cada día a mirar el sol para descubrir en su halo y entre sus rayos la suerte para la jornada que comienza.

Así es y así será mientras el destino de nuestros países esté colgado de la voluntad de un fulano que será mejor y generará mayores esperanzas mientras más demagogo e irresponsable sea. Estas son naciones de políticos, de personalidades, de prohombres y de altruistas, porque son países sin instituciones, sin reciedumbre legal, sin burocracias profesionales, de carrera.

Por eso, creo que el problema más grave que afecta a la República Dominicana no es económico, ni financiero, ni cambiario. Sé que atravesamos por una coyuntura particularmente grave, manejada con un nivel de incompetencia e irresponsabilidad pocas veces vistas o nunca vistas después del ajusticiamiento del tirano. Pero como quiera que sea, se trata de un problema pasajero, circunstancial.

Los nuevos 700 mil pobres que ahora hay en la República Dominicana no estarán de acuerdo conmigo. Tampoco los jóvenes que se han cansado de buscar trabajo y no han conseguido, ni las madres que quieren escuelas para capacitar a sus hijos como forma de romper el círculo de la pobreza, ni quienes ven cómo sus salarios se les vuelve sal y agua o quienes en estos meses han vistos sus negocios quebrar.

Quizás mucha de esa gente no ha caído en la cuenta de que muchos de los males que padecen y que han tenido que padecer en el pasado se debe, principalmente, a la ausencia casi absoluta de instituciones. Aquí tenemos, formalmente, instituciones para todo y para todos. Pero no funcionan, no son operativas, no cumplen la misión para las que fueron creadas.

Todos los días tenemos ejemplos, menores y mayores, que muestran y demuestran la infuncionalidad de las instituciones públicas de la República Dominicana. Y en tiempos electorales mucho más, porque es un período de desbordes, de excesos, sobre todo cuando desde el poder se aspira a mantenerse en el poder.

Aquí van algunos ejemplos. El gobierno acaba de inventarse un plan renove para el motoconcho, aunque en el presupuesto de la nación y los planes de desarrollo del gobierno no se encuentre nada escrito sobre el particular. Antes había dispuesto, por pura voluntad presidencial, entregar exoneraciones a los más altos funcionarios de la nación y a los síndicos municipales.

También de sopetón, impulsado por la dinámica electoral, el gobierno aumenta su generosidad con las iglesias evangélicas, los clubes y los centros culturales y ordena que Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar y el Instituto Agrario Dominicano les donen los solares que ocupan en tierras estatales. También de sopetón se revive el Control de Precios y, contrariando el libre comercio, se fijan topes máximos a los precios de varios artículos de consumo diario. Y en esta misma línea se hacen ofrecimientos impositivos específicos de una reforma que todavía está en su fase de estudio y que no ha sido sometida al escrutinio de la opinión pública.

La fuerza y la voluntad de los funcionarios, civiles y militares, está, en la República Dominicana, por encima de la ley, por encima de los reglamentos, por encima de los decretos, por encima de las resoluciones. Todo el tiempo, no solo en los períodos electorales. Las instituciones no cuentan o cuentan para llenar formalidades, sobre todo ante los organismos internacionales y ante los informes y ensayos que escriben algunos tontos.

Y hasta que esta realidad no cambie, la institucionalidad será un mito en la República Dominicana. Los ciudadanos y ciudadanas, por lo tanto, tienen que reclamar de manera permanente que cada institución cumpla con sus funciones, que las actitudes voluntaristas y personalistas cedan ante los imperativos de la Constitución y las leyes, y que los derechos de cada quien sean observados sin excepciones presuntamente pragmáticas.

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