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Desde las últimas décadas del pasado siglo 20 viene teniendo lugar aquí, y en casi todos los países de la América española y el Caribe, tentativas de reforma de los sistemas de educación superior con el fin de que todos los ciudadanos disfruten de iguales oportunidades de acceso a los mismos. Se pretende que la educación superior se transforme en una herramienta de promoción de cada ciudadano con vistas a ampliar las posibilidades de organizar una sociedad hispanoamericana más justa, más solidaria, y más humana.
Ha ido creciendo el consenso de que los egresados de las universidades y de las demás instituciones de educación superior posean los conocimientos y las destrezas necesarias para prosperar en un mundo globalizado de mercados abiertos a la competencia internacional.
Las estadísticas oficiales indican que cerca de la mitad la población dominicana vive en condiciones de pobreza, y que una alta proporción de los que así viven lo hacen en medio de carencias extremas.
En la República Dominicana, más que darse una clara asociación entre la pobreza y la educación, ocurre que son los pobres los únicos con muy bajo niveles de instrucción; con altas tasas de abandono de los estudios; y una considerable proporción de personas mayores que no saben ni leer ni escribir.
El inadecuado acceso de una gran proporción de dominicanos y dominicanas a la educación superior están limitando las posibilidades del país hacia un desarrollo sostenido. En esas condiciones, las cuales difícilmente variarán en forma significativa durante los próximos años, será necesario que el crecimiento de los gastos en educación, especialmente aquellos que son necesarios para el desarrollo de las instituciones de educación superior, se lleve a cabo de tal manera que esto no implique incrementar los déficits fiscales ya que sólo de ese modo se podrá evitar que dicho crecimiento genere presiones inflacionarias. Entre las opciones que pueden satisfacer dicho requisito se encuentra la creación de impuestos especiales, a la que algunos países de la región han recurrido frecuentemente.
El Senado de la República aprobó, con algunas modificaciones, el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2019 por un monto de RD$921, 810.6 millones de pesos de los cuales RD$8, 561,1 millones serán destinados al sostenimiento de la Pontificia y Real Universidad Autónoma de Santo Domingo. Dicha suma es menos de la quinta parte de lo establecido por la Ley 5778 de Autonomía Universitaria.
La Rectora de la Universidad Primada de América, doctora Emma Polanco Melo, volvió a reclamarle al superior gobierno un mayor presupuesto para la UASD. Su justo reclamo se sustenta en lo que establece la Ley 5778 sobre Autonomía Universitaria. Como bien lo expresara el redactor del periódico el Universitario: la más vieja Universidad del Nuevo Mundo tiene estimaciones claras, enfocadas al cumplimiento de las metas y al desarrollo regular de sus funciones, con el propósito de continuar ofreciendo un servicio de educación de calidad, realizando investigaciones y contribuyendo en la formación de los profesionales del futuro para el bienestar de toda la sociedad dominicana. Es que las universidades del siglo 21 se caracterizan por contar con un considerable potencial científico en sus profesores y con las mayores reservas de investigadores jóvenes, lo que les permite distribuir de manera más racional el trabajo investigativo según su grado de complejidad. En las instituciones de educación superior se agrupan varias ramas científicas posibilitando la solución de complejo problemas de carácter multidisciplinario, disponiendo de mayor variedad de recursos, incluyendo modernos laboratorios, información científica y relaciones internacionales con instituciones homólogas. Por más de todo lo expresado es que las autoridades de la UASD claman por un mayor presupuesto para el año 2019.