TIRSO MEJÍA-RICART
A partir del presente mes de enero el país tendrá ante sí la definición de las candidaturas presidenciales para el año 2008 de los tres partidos fundamentales de nuestro sistema político.

La primera de esas definiciones será sin duda la del Partido Revolucionario Dominicano, previsto para el domingo 28 de enero, debido a que un sector que ha sido dominante dentro del mismo, y en buena parte responsable de las derrotas electorales del 2004 y del 2006, quiso madrugar al resto de la dirigencia del Partido sin que se hubieran analizado y asumido siquiera los efectos de las elecciones congresuales y municipales de mayo del pasado año, tratando de imponer el proceso comicial interno para el 12 de noviembre de ese mismo año, esperando al parecer una proclamación; y luego un evento a marchas forzadas en pleno período navideño, aceptándose finalmente a regañadientes para tres semanas después, cuando se podrá a duras penas completar ese proceso.

En el Partido de la Liberación Dominicana todo parece indicar que el proceso será pautado para culminar a finales de abril o mayo próximos y que habrá una fuerte pugna entre reeleccionistas y antireleccionistas, cuyos resultados nadie puede en estos momentos anticipar.

Por su parte el Partido Reformista Social Cristiano, dividido ya irremediablemente entre pro gobiernistas, pro-perredeístas, nostálgicos del balaguerismo tradicional y aspirantes a una imposible renovación, probablemente haga su convención tardíamente, para ver si se van a poner de acuerdo y así evitar su desaparición definitiva como fuerza política importante.

Al margen de esta contienda cívica que culminará el 16 de mayo del 2008, estarán los que no encuentran espacio político para alentar simpatías, y también los muchos que no creen en nadie que no le dé algo a cambio en el presente indicativo, por encima del interés nacional.

En está coyuntura se impone que surja un gobierno con visión de Estado que conduzca al país hacia el desarrollo efectivo con equidad, gracias a la participación ordenada de todos los sectores nacionales.

Necesitamos un gobierno que no sea capaz de regalar 25 ni 50 millones de dólares a una clínica privada, mientras los enfermos pobres yacen tirados en los pasillos de los hospitales, sin camas, ni medicamentos y aun sin médicos, hasta que puedan conseguir para pagar una “ tasa de recuperación”.

Confiamos en que no sigan reproduciéndose hechos bochornosos como el de un gobierno que gaste millones en promocionar la reelección y no tenga dinero para aulas, pupitres, libros y paga honorable para los maestros.

Requerimos un gobierno que siquiera se atreva a pensar en quitarle lo poco que está consignado en el Presupuesto de la Nación, a la educación, la salud, la justicia y a los ayuntamientos, para asignárselo a la construcción de un elefante blanco llamado Metro de Santo Domingo. Y para otros gastos superfluos a través de la Presidencia de la República.

Aspiramos a un gobierno que entienda que no puede convertir a la ciudad primada de América en un arrabal que sea la puerta trasera de una isla artificial, para enriquecer a una minoría ínfima de corruptos y especuladores.

Buscamos que quienes lleguen al poder no pretendan aprovechar la preocupación pública por el auge de la delincuencia, para hacer aprobar casi de contrabando un préstamo de 132 millones de dólares para comprar equipos sobrevaluados, en nombre de la seguridad ciudadana.

Deseamos un gobierno que en vez de gastar millones de pesos en unos juegos deportivos que duran 15 días, los dedique a poner a funcionar el sistema familiar de la salud y el deporte escolar.

Demandamos un gobierno en que los macroproyectos de relumbrón y de enriquecimiento fácil, sean prioritarios los que resuelvan los problemas reales de la comunidad y sobre todo la generación de empleos productivos.

Debemos exigir un gobierno que cese el endeudamiento progresivo del país y dé pasos para reducir una deuda externa cuyo servicio consume más del 20% de los recursos del Estado.

Requerimos un gobierno que en lugar de castigar con más impuestos a los productores de bienes, a los exportadores y a los consumidores, asuma finalmente una política de austeridad y de transparencia en el gasto público.