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EL Pacto Político-Institucional es indispensable para evitar un deterioro político, económico y social; así como establecer en el país instituciones que resistan los abusos del poder, el continuismo y la corrupción de todos los poderes del Estado.
- Los cambios constitucionales deben establecer que cualquier modificación a nuestra Carta Sustantiva sea aprobada por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional o un referéndum de la población.
- Debe constitucionalizarse que los miembros de las altas cortes sean elegidos entre profesionales de alto nivel sin militancia reciente en los partidos políticos: Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral y Cámara de Cuentas; con la adición de que los de la SCJ sean elegidos a razón de dos en cada período constitucional, para garantizar al mismo tiempo la estabilidad y la renovación y no todos a la vez por 7 años, porque es una puerta a su control por un solo partido.
- Es necesario que el sistema electoral permita que los cargos electivos sean accesibles a todos los dominicanos, aunque no tengan, barrilitos, cofrecitos ni otras canonjías o fortuna como los legisladores actuantes, ni auspician oligarquías político -partidarias que impidan el normal desarrollo del liderazgo en un régimen democrático.
- Las elecciones primarias deben ser obligatorias para los partidos considerados mayoritarios, y los minoritarios regirse por convenciones supervisadas por la JCE. Las elecciones municipales deben realizarse a medio término y en su elección solo tomarse en cuenta para su reconocimiento para las elecciones municipales.
- Deben crearse Procuradurías Adjuntas para perseguir el narcotráfico, la corrupción y los delitos electorales, con mandato esta última para perseguir activamente a los delincuentes y acabar con la compra-venta de votos en el país. No es cierto que un fiscal municipal cualquiera puede enfrentar al poder y el dinero de esa clase de delincuentes. El Procurador General, debe ser un Fiscal General dejando la parte carcelaria al Ministerio de Interior.
- Es necesario reorganizar a la Policía Nacional, dándole formación avanzada, recursos tecnológicos y mejores salarios; pero también desmantelar las mafias y padrinos que aparecen y una alta oficialidad supernumeraria, que facilita la corrupción y los abusos a la ciudadanía y en las prisiones a su cargo.
- Deben establecerse solo diez o doce ministerios reduciéndolos a la mitad (Presidencia, Interior y Justicia, Relaciones Exteriores, Obras Públicas y Comunicaciones, Economía y Planificación, Salud Pública, Educación y Cultura, Defensa, Agropecuaria, Bienestar Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hacienda e Industria y Comercio; quedando los demás funcionando como Secretarías de Estado, con autonomía con mandatos limitados a sus funciones, sin acceso a recursos para otros fines.
- Hay que hacer espacio para aprobar una Ley de Extinción de Dominio, específicamente para recuperar los bienes adquiridos producto del narcotráfico y la corrupción administrativa.
- Hay que seguir desmontando los puestos burocráticos, repetitivos e innecesarios, que no hacen más que perjudicar la administración pública, al igual que los gastos diferentes de los que tienen que ver con sus funciones específicas.
- No debe ser posible que algún poder del Estado, desde el Ejecutivo hacia abajo, pueda fijar su propio salario y otros emolumentos por sí solos, porque ello permite privilegios irritantes.