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EL Pacto Político-Institucional es indispensable para evitar un deterioro político, económico y social; así como establecer en el país instituciones que resistan los abusos del poder, el continuismo y la corrupción de todos los poderes del Estado.

1. Los cambios constitucionales deben establecer que cualquier modificación a nuestra Carta Sustantiva sea aprobada por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional o un referéndum de la población.
2. Debe constitucionalizarse que los miembros de las altas cortes sean elegidos entre profesionales de alto nivel sin militancia reciente en los partidos políticos: Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral y Cámara de Cuentas; con la adición de que los de la SCJ sean elegidos a razón de dos en cada período constitucional, para garantizar al mismo tiempo la estabilidad y la renovación y no todos a la vez por 7 años, porque es una puerta a su control por un solo partido.
3. Es necesario que el sistema electoral permita que los cargos electivos sean accesibles a todos los dominicanos, aunque no tengan, barrilitos, cofrecitos ni otras canonjías o fortuna como los legisladores actuantes, ni auspician oligarquías político -partidarias que impidan el normal desarrollo del liderazgo en un régimen democrático.
4. Las elecciones primarias deben ser obligatorias para los partidos considerados mayoritarios, y los minoritarios regirse por convenciones supervisadas por la JCE. Las elecciones municipales deben realizarse a medio término y en su elección solo tomarse en cuenta para su reconocimiento para las elecciones municipales.
5. Deben crearse Procuradurías Adjuntas para perseguir el narcotráfico, la corrupción y los delitos electorales, con mandato esta última para perseguir activamente a los delincuentes y acabar con la compra-venta de votos en el país. No es cierto que un fiscal municipal cualquiera puede enfrentar al poder y el dinero de esa clase de delincuentes. El Procurador General, debe ser un Fiscal General dejando la parte carcelaria al Ministerio de Interior.
6. Es necesario reorganizar a la Policía Nacional, dándole formación avanzada, recursos tecnológicos y mejores salarios; pero también desmantelar las mafias y padrinos que aparecen y una alta oficialidad supernumeraria, que facilita la corrupción y los abusos a la ciudadanía y en las prisiones a su cargo.
7. Deben establecerse solo diez o doce ministerios reduciéndolos a la mitad (Presidencia, Interior y Justicia, Relaciones Exteriores, Obras Públicas y Comunicaciones, Economía y Planificación, Salud Pública, Educación y Cultura, Defensa, Agropecuaria, Bienestar Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hacienda e Industria y Comercio; quedando los demás funcionando como Secretarías de Estado, con autonomía con mandatos limitados a sus funciones, sin acceso a recursos para otros fines.
8. Hay que hacer espacio para aprobar una Ley de Extinción de Dominio, específicamente para recuperar los bienes adquiridos producto del narcotráfico y la corrupción administrativa.
9. Hay que seguir desmontando los puestos burocráticos, repetitivos e innecesarios, que no hacen más que perjudicar la administración pública, al igual que los gastos diferentes de los que tienen que ver con sus funciones específicas.
10. No debe ser posible que algún poder del Estado, desde el Ejecutivo hacia abajo, pueda fijar su propio salario y otros emolumentos por sí solos, porque ello permite privilegios irritantes.