Los indicios de subregistro en el manejo de una creciente población de enfermos por el virus SARS-CoV-2 han estado de ronda y la admisión de que los reportes llegan con retrasos a la cúspide del sistema que confecciona boletines puede deberse al rigor del proceso de certificación; pero también a fallas de seguimiento y a desconocimiento en el día a día de las causas de decesos que no incluyeran hospitalización.

También juega en contra la falta de interés de los deudos por divulgar sus desgracias. Es tarea primordial de autoridades de áreas estadísticas prever eventualidades que omitan detalles que faciliten la configuración de un perfil lo más cercano posible a la realidad de esta peste.

Son anteriores a la aparición de este mal las omisiones y flexibilidades en niveles institucionales que llevan a dudar de mediciones en materia de salud, producción, educación y actos de la vida civil, incluyendo defunciones, entre otros capítulos del discurrir nacional para los que no siempre se cumplen las obligaciones de comunicarlos que fija la ley.

Cifras consustanciales a la protección de la salud además de imprescindibles para guiar el desarrollo y crecimiento de la economía.

El país está sometido a un estado de emergencia en enfrentamiento a una infección científicamente complicada. Los índices de su presencia y sus efectos epidemiológicos sobre la sociedad son de toda significación para reconfigurar estrategias y conjurarla.

El cuidado de una imagen

La seguridad del transporte aéreo en cualquier parte requiere de las autoridades una exquisita meticulosidad de protección a instalaciones y cercanas estructuras que conecten, directa o indirectamente, con la operación de aviones y terminales.

Ese es el precio que, aun siendo alto, debe pagarse para garantizar vidas, proteger inversiones públicas y privadas en renglones de viajes, turismo, hostelería y sus complementos.

Un montón de intereses legítimos… y un prestigio para lo nacional que nunca debe estar en riesgo. Ningún grado de vulnerabilidad puede tener aparición en el ámbito de las conexiones aéreas para que el tutelaje que el Estado ejerce a través de órganos especializados inspire confianza permanente en los centros mundiales de toma de decisiones que mueven gruesos flujos de viajeros de los que esta economía depende.