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BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
Es un lugar común afirmar que la economía dominicana es muy vulnerable a las variaciones de los precios del petróleo. Todo el mundo lo sabe y, más todavía, todos conocen que cada vez que los precios suben, por la razón que fuere, la economía se resiente. Por lo tanto, las autoridades públicas, los empresarios y los consumidores no deben vivir de espaldas a este hecho que tanto condiciona y altera la vida dominicana.
Las estadísticas de las importaciones en general y las de petróleo en particular confirman la vulnerabilidad de que hablamos. En 1990 la República Dominicana gastó en compra de crudo 517 millones de dólares. Diez años después, en el 2000, la cifra subió a 1,500 millones de dólares, es decir, tres veces más. Y el año pasado, en el 2005, fue necesario desembolsar más de 2,500 millones.
Ha habido en ese período un aumento importante de los volúmenes de importación de crudo, pero el aumento en la factura tiene más que ver con los precios del petróleo. Estas cotizaciones expresan la situación política del Medio Oriente, los fenómenos naturales que han afectado zonas de producción, y las altas demandas de grandes consumidores como China, Estados Unidos y Japón.
Todas estas causas están total y absolutamente fuera del control de la economía dominicana. Es decir, no hay ni habrá forma de nosotros influir en las cotizaciones de esta importante fuente de energía, el llamado oro negro.
En las anteriores crisis petroleras, las de los años 70 y 80, principalmente, la economía local quedó seriamente debilitada en su aparato productivo, con alta inflación y elevado endeudamiento externo. La vulnerabilidad fue verificada.
Ahora nos estamos endeudando con suma rapidez, por efecto de la compra de petróleo a crédito. En términos reales, estamos dejando para que las generaciones futuras paguen parte del petróleo que estamos consumiendo en estos días. Además, comprometemos la futura capacidad de pago del país.
Sin embargo, no se advierte que las autoridades estén mostrando el empeño necesario para adoptar políticas públicas dirigidas a hacer un uso más racional de los combustibles por parte de los industriales, los conductores de vehículos de motor y los hogares.
Estos tres segmentos de la población son, junto con el sector energético, los grandes consumidores de crudo. Bien podría el gobierno diseñar políticas para introducir mejoras que permitan a estos grupos hacer el uso más adecuado posible de los derivados petroleros.
Es urgente la búsqueda de tecnologías alternativas que utilicen menos petróleo que las actuales, en todas las áreas y sectores de la economía. El gobierno debe incentivar la importación de los llamados vehículos utilitarios y desalentar, por la vía arancelaria, la compra de vehículos de alto consumo.
Los hogares y los pequeños negocios deben tener medios a su alcance para aprovechar una fuente energética tan generosa entre nosotros como es el sol.
En fin, hay medidas que pueden y deben tomarse para hacer u uso cada vez más racional de una materia prima que no producimos, que tiene una alta demanda y que, por desgracia para los países que no producen petróleo, es manejada cada vez más con un alto criterio de lucha política por sus productores.
Las autoridades fiscales también deben empezar a considerar la posibilidad de reducir la fiscalidad de los combustibles. Desde los años 70 el país tomó el camino fácil de gravar los combustibles, sin tomar en cuenta que con esta disposición estimulaban la inflación y encarecían la vida más allá de lo razonable.
Entonces se argumentó que si los combustibles eran encarecidos por esa vía el consumo disminuiría. Treinta años después las evidencias indican que por esa vía no hay posibilidades de ahorros significativos.
En los últimos años la presión fiscal de los combustibles es mucho mayor. A los gobiernos les encanta coger los mangos bajitos de las gasolinas, el gasoil, el GLP y otros derivados del petróleo. Cada año los consumidores de estos productos pagan entre 10 y 11 mil millones de pesos solo por concepto de impuestos.
Estos impuestos disminuyen la capacidad de compra de los conductores de vehículos de motor, encarecen los procesos de producción de toda la economía, es decir, de la agropecuaria, de la industria, del comercio y de los otros servicios. Y, por supuesto, estos encarecimientos son trasladados a los consumidores finales de bienes y servicios.
Nos parece necesario que en una próxima reforma fiscal se trate esta cuestión, y que se haga con la debida ponderación.
