MIGUEL RAMÓN BONA RIVERA
Un poder opositor que no se oponga por oponerse, sino que examine y oriente, que controle, regule y sustente todo el accionar del Estado a favor de los mejores intereses del pueblo dominicano. Una mayoría opositora para someter al Poder, al imperio y al control de la ley.

En la democracia, el más democrático de los poderes es el Poder Legislativo, porque en él tienen cabida todas las expresiones políticas mayoritarias y minoritarias de la nación. El ámbito del Poder Legislativo es siempre pluripartidista. En cambio el Poder Ejecutivo, por cuanto que es un poder unipersonal, el del Presidente de la República, en él está representado un solo partido político.

La nación toda está plenamente presente en la composición congresional, porque allí se dan cita todas las manifestaciones políticas mayoritarias y minoritarias de la sociedad. El Congreso Nacional es sin dudas, el más democrático de los Poderes del Estado.

Pero cuando el partido político al que pertenece el presidente de la República que obstenta un poder unipersonal, es el mismo partido que posee la mayoría congresional, el sistema regulador y controlador que debe operar entre los distintos Poderes del Estado tiende a debilitarse, y el poder unipersonal del Ejecutivo se entroniza y tiende a desbordarse. Y entonces la sociedad toda puede llegar a quedar a merced de la voluntad de un solo individuo.

De ahí que, una de las grandes premisas de la democracia lo sea la existencia de un poder opositor controlador, de una mayoría congresional opositora.

Si esa hubiese sido la situación durante el pasado gobierno de Hipólito Mejía, de seguro que no se hubiera producido la antojadiza modificación constitucional que reintrodujo la figura de la reelección presidencial, cercenando con ello uno de los avances institucionales más significativos que nos legó la reforma de 1994, cual era la prohibición de la reelección consecutiva del presidente de la República.

Ahora mismo, el país se enfrenta al problema de la comisión cambiaria y los intentos del gobierno del presidente Fernández de imponer nueva vez este oneroso gravamen, que es contrario a lo que dispone la Constitución de la República en su Artículo 37 acápite uno, y la ley monetaria y financiera en su Artículo 85. Sin embargo, gracias a una presencia opositora mayoritaria en nuestras cámaras legislativas, los diversos sectores nacionales pueden expresar su rechazo, con posibilidades de éxito, a este despropósito gubernamental.

El próximo domingo 29 se reunirá la Asamblea Nacional del Partido Reformista Social Cristiano, para conocer y aprobar la llamada “Alianza Rosada” entre el PRD y el PRSC, cumpliendo así con lo que establece el artículo 26 de los estatutos de dicho partido.

Exhortamos a todos los asambleistas a apoyar sin reservas esta alianza histórica, que abrirá las puertas para la práctica de formas mucho más avanzadas y modernas en el accionar político dominicano del futuro.