Por una campaña electoral limitada

JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Durante una tertulia organizada por Participación Ciudadana la semana pasada me permití proponer que la Junta Central Electoral (JCE) tome la iniciativa de convocar a los partidos políticos para pactar una campaña limitada para los comicios congresionales y municipales del próximo año.

Me llamó la atención que al responder las preguntas los expositores ignoraron por completo la propuesta. Más aún porque ellos eran nada menos que el presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, doctor Nelson Gómez, y el ex juez electoral Julio César Castaños Guzmán.

Quedé con la impresión de que mi propuesta era un absurdo, algo irrealizable, fruto del idealismo del que tanto se nos ha acusado en todos estos años de lucha por el perfeccionamiento del ejercicio democrático. Pero conociendo a los dos respetables abogados supongo que fue un simple olvido.

Hace tiempo que se escucha un clamor nacional abogando por la reunificación de las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales, lo que implicaría una regresión democrática. Las elecciones quedaron separadas tras la reforma constitucional de 1994, con el objetivo de evitar el arrastre de los candidatos a senadores, diputados, síndicos y regidores por parte de los candidatos presidenciales.

Ese clamor se fundamenta en que el país vive en una continua campaña electoral. Apenas salimos de unos comicios cuando comienzan los aprestos para los siguientes y el ejercicio gubernamental como de los opositores está limitado por los objetivos partidistas.

Creo que deberíamos mantener las elecciones separadas, como en gran parte de las naciones del mundo democrático. Pero en pocos países las campañas son tan prolongadas como aquí.

Lo que se impone es limitar el tiempo de duración de las campañas, a los tres meses que consigna la ley electoral en su artículo 87, el cual indica que toda elección será precedida de una proclama que dictará y hará publicar la Junta Central Electoral “a más tardar 90 días antes de la fecha en que deba celebrarse”. El artículo 88 indica que el período electoral se entenderá abierto desde el día de la proclama.

Está claro que la intención del legislador ha sido que las campañas electorales duren sólo tres meses. Pero aquí generalmente se inician mucho tiempo antes con las campanas internas para elección de candidatos. En las presidenciales es frecuente que veamos candidatos en campaña un año antes de los comicios.

Aunque todavía faltan más de 9 meses para las elecciones congresionales y municipales de mayo del 2006, ya hay aspirantes promoviéndose mediante vallas y otros medios masivos de comunicación

Las campañas extensas implican gastos elevados que generalmente se sufragan con recursos sustraídos al Estado o mediante las “generosas” contribuciones de los empresarios, que de esa forma invierten para buscar retribuciones en facilidades, exenciones y privilegios del Poder Ejecutivo, los legisladores y autoridades municipales.

En última instancia, las campañas prolongadas benefician a los que tienen mayores recursos económicos o más capacidad para venderse ante quienes los ostentan, y van en perjuicio de la representación de los sectores de menores ingresos y de los precandidatos y aspirantes más independientes y comprometidos con la transparencia.

El acuerdo que proponemos implicaría un compromiso para retrasar la elección de los candidatos hasta comienzos del próximo año. Según el artículo 70 de la ley electoral, los candidatos deben ser inscritos a más tardar 60 días antes de los comicios, es decir el 16 de marzo.

Los partidos pueden abrir las campañas internas en enero y elegir sus candidatos a fines de febrero. Dos meses deberían ser más que suficientes y reducirían las tensiones y enconos derivados de la competencia prolongada, que lleva a la constitución de grupos y a la magnificación de antagonismos al interior de los partidos.

Lo que proponemos puede parecer una ilusión. Pero no lo es. Está generalizado en el ánimo de la ciudadanía. Y es compartido por muchos de los dirigentes políticos. Lo que falta es que alguien tome la iniciativa. Ello tendería a reducir el clientelismo y el rentismo. Estamos obligados a controlar el costo de la democracia dominicana.