Por una educación funcional

Por una educación funcional

Hace un año refuté al Presidente Leonel Fernández sus  infortunadas declaraciones   de que  más recursos económicos son solo necesarios para construir escuelas  y pagar  a los maestros, sino también  para un sin fin de suministros, tareas y funciones que son consustanciales con todo proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad y cuantitativamente eficiente; para cubrir los  tremendos déficits que venimos acumulando, particularmente en los últimos 8 años del pasado gobierno, aunque no  precisamente para cambiar textos nacionales por otros, hechos al vapor.

Entre las acciones que deben emprenderse está la  modificación de  la estructura  del ministerio del  ramo, por una que responda a los principales objetivos de esa cartera, que son la educación  inicial, primaria, de adultos, secundaria,  vocacional y superior, el desarrollo académico, la planta física,  los medios informáticos y las relaciones con la comunidad.

Dicho ministerio  debe  atender a las necesidades propias de la educación  rural y de zonas urbanas, la   educación especial de minusválidos y sobresalientes;  la supervisión  los colegios privados y  de las  dependencias educativas de  otros ministerios, la formación de maestros  tomando en cuenta la posible integración   de profesionales de otras áreas; y  los estímulos materiales y morales a la sacrificada profesión docente.   

Todo ello supone un esfuerzo extraordinario para desarrollar una ofensiva, con  una inspección y supervisión escolar efectivos, que  englobe   a padres, niños, maestros, supervisores y directores de escuelas  núcleos, municipios y regiones de educación, que para evitar el fracaso de sus objetivos, que  debe ser evaluado.  Todos los dominicanos deben comprometer sus esfuerzos y recursos para librar esta batalla por nuestro futuro; por una educación de calidad y cantidad para superar una situación  en la que está virtualmente colapsada.

 Si es necesario, que se traigan temporalmente  maestros españoles, colombianos, argentinos, uruguayos, cubanos, puertorriqueños  y dominicanos de la diáspora, dándole los estímulos que hagan falta; pero ajustándolos a los requerimientos,  que se haga.   Los ayuntamientos deben también desprenderse  de un 15% del porcentaje que les toca por ley  cuando lo reciban para que participen en la educación inicial y vocacional, además de en  la supervisión de los locales y la calidad de la enseñanza.

 Las escuelas no tienen que ser  dispendiosos  palacios construidos por Obras Públicas para impresionar a criollos y extranjeros con nuestra  “modernidad”, sino sólidas, bien emplazadas, y modulares para ir añadiéndole aulas según las necesidades; suficientes para que  quepan todos los dominicanos que lo precisen: con  aulas, baños y equipos  mínimos; dejando los computadores para instalarlos en centros comunitarios bien resguardados para su uso colectivo. Desprender  hacia  presidencia  de la República el programa de alfabetización es hacerlo mal desde el principio.

Pero por favor, nada de promoción automática, por lo menos hasta que se restablezca la responsabilidad social  de maestros y estudiantes, que parecen estar en todo menos en la enseñanza.

Así debemos organizar nuestra educación…

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