Aunque todavía República Dominicana está lejos de la situación de Centroamérica o México, cada día es mayor la preocupación que tiene la ciudadanía  con respecto al tema de la delincuencia.

El Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, convocó recientemente a distintas instituciones en  Santiago para establecer un plan dirigido a combatir ese flagelo en esa importante provincia y en el país.

Debo confesar aquí que cada vez que ando por las calles de Bogotá, y por  las distintas ciudades de Colombia, me llama mucho la atención la instalación de lo que llaman Comando de Atención Inmediata (CAI), que son centros comunitarios de atención a los requerimientos de la población en los  barrios.

Son pequeñas casetas, construidas con material especial,  en donde hay unos 25 efectivos policiales por cuadrantes instalados con un servicio continuo y permanente para la protección de la comunidad.

El CAI opera con el apoyo de la alcaldía que orienta el espacio y las necesidades de seguridad. La comunidad contribuye y coopera con  los efectivos policiales. Las autoridades policiales cuentan con el apoyo de las comunidades, y ganan las personas  de los barrios se benefician con  una  mayor protección policial.  Es una experiencia interesante y que bien puede ser útil para la República Dominicana.  Y más, y sobre todo, porque Colombia está dispuesta a compartir su aprendizaje, gratuitamente, con la República Dominicana.

En ese sentido, resulta oportuna la creación por parte de la Cámara de Diputados de  una comisión especial de seguridad ciudadana, con el propósito de colaborar con las autoridades en el combate a la delincuencia. Se asume  que en un plazo no mayor de 90 días los miembros de la comisión deben presentar propuestas sobre la solución al problema de la violencia, la criminalidad y la delincuencia.

En Colombia, existe un marco legislativo que considera el problema de la seguridad como un asunto de Estado, que concierne a todos los ciudadanos. Y por tanto, los recursos para hacerle el frente provienen también del sector privado.

Y ese marco legislativo establece, entre otros aspectos, el establecimiento de impuestos a los sectores de mayor nivel de ingresos  de la sociedad para la creación de fondos que son destinados exclusivamente a combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen transnacional. Quizás los que más tienen que perder son los que más deben aportar al tema de la seguridad.

Sería importante que los legisladores dominicanos y otros representantes del Estado conocieran en detalles esa ley de seguridad ciudadana para que se incorpore la experiencia colombiana  al combate de la delincuencia en nuestro país.