Después del desastre electoral del 2016, que trajo el descrédito nacional e internacional de la Junta Central Electoral y particularmente el de su presidente crónico Roberto Rosario, la paz social, política y económica dominicanas dependen de un pacto político que establezca reglas claras para la elección de autoridades electorales que ofrezcan confianza a la población y a la oposición. Eso lo han comprendido los empresarios, los trabajadores, la gran mayoría de las ONG y la comunidad internacional.
Eso debe llevar luego a una reforma constitucional que ponga en manos de la Cámara de Diputados y el Consejo del Poder Judicial la elección de los organismos electorales, porque el Senado es siempre controlado por el partido que gana las elecciones; y en el caso del PLD ha servido para instaurar una verdadera dictadura de partido que pretende eternizarse en el poder haciendo uso de todos los recursos y poderes del Estado, lo cual es una amenaza creciente contra las instituciones públicas y la democracia.
La Ley Electoral y la selección de candidatos son una verdadera vergüenza nacional; los senadores son electos a través de los diputados; el presidente de la JCE lo decide todo, muchas veces al margen de la ley, y solo con la participación del PLD. Tampoco funcionan las circunscripciones electorales, excepto en Santo Domingo y Santiago y estas no se revisan desde el año 2002; los directivos de las juntas municipales son sustituidos en la práctica por los secretarios y “auxiliares técnicos” designados por el presidente, al igual que en el exterior; y los resultados de las elecciones se manejan sin ninguna participación de la oposición y no hay sanción para los personeros del régimen que hacen y deshacen en los colegios electorales.
Esta situación es inaceptable, de manera que desde ahora se deberá decidir el futuro de la nación y su democracia electoral, o de lo contrario tendremos que sufrir consecuencias imprevisibles que habremos de lamentar por muchos años.
Todavía estamos a tiempo de evitar una catástrofe.
El Gobierno de Danilo Medina y su grupo son los responsables de todo esto y no pueden escurrir el bulto poniendo a senadores y corifeo a decir que ellos pueden hacer lo que quieran, porque son mayoría en esos organismos y cumplen con la Constitución; mientras corrompen a todos los que puedan y destruyen a los partidos de oposición gracias a su control sobre el Tribunal Superior Electoral.
La Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia, han creado un círculo vicioso que llevará a este país a la ruina.