Aunque insuficiente para la gravedad de los problemas de salud a causa de la pobreza, el Estado dominicano ha puesto más atención presupuestal que antes al sistema hospitalario, un esfuerzo material en riesgo por las imperfecciones de gestión y planificaciones. Mueren parturientas y recién nacidos como si el país no tuviera capacidad para el buen orden de la asistencia médica con sujeción a protocolos y a los imperativos de la logística, pagando en vidas el alto precio de no haber extendido antes la atención primaria y no aplicar prevenciones elementales como facilitar a muchos sectores marginales el acceso al agua potable y reducir la diseminación de enfermedades a través de la basura sin disposición final y por contaminación de cañadas y ríos.
Mala calificación merecería República Dominicana si se midiera el saneamiento. La protección de la salud no debe depender excesivamente de edificaciones nuevas o devenidas de un accidentado trance de reconstrucción que priva de ellas largamente a la sociedad. La mortalidad materno infantil ha permanecido alta y sin control aunque en notable diferencia a lo que sucedía antes, la generalidad de los partos ocurre en hospitales bajo responsabilidad de la infraestructura a cargo del Estado; y a diferencia también de lo que ocurría antes, las fallas asistenciales –certificadas por organismos internacionales- tienen peores efectos para la sociedad.