Desde tiempos inmemorables la sociedad de todos los pueblos su reto ha sido asegurar el bienestar de su mayoría.

Una operación, como lo es su seguridad y la paz. Esa lucha ha sido continua, con decisiones políticas manifiestas, desde luego sustentada con principios éticos manifestados rutinariamente.

En República Dominicana, vivimos un estado de inseguridad que rebasa todos los límites de la prudencia y buen proceder. Sus causas las conoce mejor que nadie el propio gobierno, pero permanece estático y mudo frente a un problema que preocupa a la inmensa mayoría de la nación, hasta el día que a su interno o mejor dicho en su propio seno, esa inseguridad toque con su mano despiadada.

Como en todo proceso destructivo, muchas fuentes de riquezas y de poder están cambiando de manos no santas y la corrupción se multiplica.

Si ésta no se ataja contundentemente acabarán sacando la legitimidad del poder y el caos será quien detente el poder. Y entonces éste dejó de definirse en términos talvez exclusivos de poder. Y ya no quedarán ni restos de moralidad.

Si no se comienza a combatir la delincuencia con los métodos que originan  sus principales causas la crimilización  seguirá multiplicándose y sus movimientos acelerándose y nuevas tecnologías la ayudaran a apoderarse de toda la sociedad y hasta la porosidad de la frontera facilitarán sus movimientos financieros y sólo nos quedará una solución para poder vivir en paz: emigrar.

La corrupción, el blanqueo del dinero, el narcotráfico y las migraciones clandestinas de diversas nacionalidades y el desempleo son las verdaderas causas de la alta y periódica delincuencia.

Dejemos atrás las grandes obras y pongamos en marcha otras cargadas de futuro y de esperanza, que resuelvan en gran medida el hambre, la salud, la educación y el desempleo, para que así el gobierno pueda exigir a los ciudadanos lo que no es capaz de cumplir en su propia casa.