La prohibición de la extracción de materiales de los cauces y riberas de los ríos, que aplicó la gestión anterior de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y que, por suerte, ha sido reafirmada por la actual gestión, debe inspirar toda una ofensiva proteccionista a nivel nacional, y de ser posible insular.

La manera en que han ido desapareciendo nuestros ríos y arroyos, se han deteriorado nuestros suelos y se ha generalizado la contaminación en todos los órdenes, obliga a plantear soluciones globales de hran importancia.

En términos nacionales, se requiere mejorar los controles para frenar el deterioro de los ríos por las altas cargas de contaminación que van a parar a sus cauces.

Es necesario que se establezca con carácter permanente un programa que haga un inventario nacional de las empresas y fabricas que a nivel nacional vierten a los ríos aguas no tratadas, en muchos casos con peligrosos residuos químicos que acaban con especies de flora y fauna.

Ese mismo inventario debe ocuparse de la disposición de residuos industriales o agropecuarios en los suelos, sobren todo donde haya posibilidad de contaminar aguas subterráneas.

Hay que exigir con firmeza y de manera permanente que se respeten todas las pautas trazadas por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y otras instituciones y organismos para la disposición final de desechos de toda naturaleza, pero sobre todo industriales.

Nuestras preocupaciones por el medio ambiente deben traspasar la frontera para coordinar con las autoridades haitianas programas conservacionistas que permitan revertir la acelerada desertificación de nuestro vecino.

No olvidemos que el destino del pueblo haitiano arrastra de alguna medida el nuestro. El déficit de leña y carbón que ha ido creciendo del lado oeste de la frontera está siendo cubierto por medio de la explotación irracional de nuestros bosques, ya por haitianos que incursionan en territorio nacional o por dominicanos que les venden leña y carbón.

Es necesario retomar con rigor las conversaciones que sostenían autoridades ambientales dominicanas y haitianas que integraban o integran una comisión bilateral que parece dormida, inactiva.

Ayudar a los haitianos a aprender a conservar sus recursos naturales es, sin duda, una forma de atenuar la devastación de nuestros propios recursos, ya por parte de ellos, ya por parte de cómplices del lado dominicano que trasiegan leña y carbón.

Por lo pronto, las nuevas autoridades de Medio Ambiente han dado una buena señal al refrendar la prohibición de la extracción de materiales de los ríos y al desatascar el caso de las familias desalojadas del Parque Nacional de Los Haitises.

Y deberían sentirse estimuladas a tomar cuantas medidas consideren necesarias, no importa cuán drásticas puedan ser, para frenar y sancionar cualquier práctica habida o por haber, que amenace nuestro medio ambiente.

Nuestro criterio es que haya un enfoque insular del problema medioambiental, aunque con políticas y programas específicos para cada situación particular.

El país ha pasado a formar parte de un corredor conservacionista que abarca a varios países de la región. Aprovechemos la oportunidad que ello nos brinda.