El pueblo dominicano habita cada vez más en la zona urbana, la mayor parte en barrios populares y marginados, llenos de carencias e inseguridad, aun cuando gran parte de sus pobladores son de origen y  con vivencias campesinas tradicionales, que nutren de nobleza y solidaridad la vida social dominicana, pero están permeados por el clientelismo y la violencia que hoy predominan en esos sectores.

Es vital desarrollar una base social fuerte y estable en cada comunidad barrial del país; no solo para ganar las elecciones venideras, sino para lograr el apoyo continuado de la población a fin de enfrentar las tareas  de la renovación política, la rehabilitación socio-económica y la seguridad en el país.

Para esos fines, deben reclutarse dirigentes con arraigo en las comunidades, y a grupos municipales, para que  se incorporen a  la nueva política participativa que debe implementarse en beneficio de la población  en el próximo gobierno perredeísta encabezado por Hipólito Mejía. La “conquista de las calles” es un elemento vital en la  estrategia de desarrollo del país a partir del 2012 y en los períodos sucesivos.

Ya desde el gobierno, se establecerán “Delegaciones Barriales” en los distintos sectores de las ciudades dominicanas, como instrumentos de base comunitaria de la política social perredeísta, conjuntamente con el apoyo masivo a la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, el empleo, la vivienda, la protección familiar, el transporte colectivo y la lucha contra la delincuencia. Posteriormente se establecerían “alcaldías pedáneas comunitarias” en los distritos municipales y  las secciones rurales con objetivos similares.

Las Delegaciones  Barriales funcionarán bajo la dirección de un Delegado y un Comité de Trabajo permanente, compuesto por profesionales, técnicos y líderes de la comunidad, con la asesoría que fuere necesaria para que propongan programas  de interés económico y servicios sociales, que incluyan su vinculación con la  Policía Comunitaria y las  fiscalías barriales, para ayudar a combatir la inseguridad colectiva.   A esos programas contribuirán tanto el gobierno central  como  los municipios, de  los recursos que se establezcan por ley para esos fines, porque educación, salud, fomento económico y seguridad deben ser las tareas de los ayuntamientos en el siglo XXI.