El Estado dominicano se protege, teóricamente y en función del orden jurídico, mediante la revisión rutinaria a cargo de la Cámara de Cuentas de documentos y registros de actos administrativos de distintas dependencias y hasta de entes privados de interés público en los que siempre es probable hallar indicios de irregularidades y de manejos ilícitos. Ciertas comprobaciones debieron tener con regularidad efectos correctivos, de sanción o de sometimiento a la Justicia que han brillado por su ausencia; en ocasiones por desfiguración y omisiones en los informes rendidos por gestiones anteriores. Se ha privado sistemáticamente a la Justicia y al Poder Legislativo, que tiene autoridad sobre la Cámara, de actuar en consecuencia contra posibles violaciones de normas o alteración de documentos públicos en perjuicio del Estado y la sociedad.

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Prescindir continuamente, como ha ocurrido antes, de divulgar por vía digital los resultados de auditorías, incluyendo los reparos que formulen aquellos a quienes conciernen, ha ocultado informaciones que deben ser de dominio público para edificar a la ciudadanía sobre actos lesivos a sus intereses que la motivarían a montar vigilancia y reclamar que se actúe rigurosamente sobres quienes puedan haberse amparado en investiduras oficiales para beneficios propios o haciéndose cómplice de las malas acciones de otros a los que se subordinan.

Las auditorías deben ser herramientas eficaces contra la impudicias de ayer, hoy y mañana.